La jueza 28 de conocimiento pospuso para el viernes 9 de abril la audiencia de preclusión contra Álvaro Uribe, a la espera de que se presenten nuevas víctimas en el proceso.

Este martes inició la audiencia de preclusión del caso contra Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y compra de testigos, que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes, quien recibió el proceso una vez salió de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, y el periodista Gonzalo Guillén solicitaron ser incluidos entre las víctimas del proceso.

De esta manera, la jueza 28 entró a analizar las peticiones, razón que la llevó a postergar la audiencia hasta el próximo viernes 9 de abril, cuando anunciará si acepta a las nuevas víctimas.

Por su parte, la defensa del expresidente Uribe, como el fiscal Jaimes y el delegado procurador, consideran que Gómez y Guillén no deben ser considerados víctimas del proceso, ya que son casos que podrían entrar en un nuevo expediente.

Según estaba previsto, en la audiencia virtual de este martes, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramo?n Jaimes, pediría a la jueza que precluya la investigación que se adelanta contra Uribe, ya que la Fiscalía hizo una «valoracio?n integral de los elementos materiales probatorios» en su contra y determinó que los hechos de los que se le señala «no tienen la caracteri?stica de delito, y otras que si? lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe».

«De alguna manera (Deyanira Gómez ) presenció lo que ocurrió pero nunca la conducta indilgada a Álvaro Uribe Vélez. No existe un vínculo, es más una testigo circunstancial, pero no una víctima», dijo Jaimes respecto de la mujer.

Sin embargo, Jaimes le pidió a la jueza que no acoja la solicitud que hicieron los abogados de Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén, Miguel Ángel del Río y Roberto Mauricio Rodríguez, respectivamente, tras considerar que no se cumplen los parámetros que establece el Código de Procedimiento penal para ser acreditados como víctimas, lo cual también respaldó el agente de la Procuraduría.

Mientras, de Guillén señaló que su vinculación sería «tangencial», ya que tampoco fue testigo de lo que se lo acusa a Uribe.

Gómez y Guillén piden ser incluidos como víctimas en el proceso tras señalar que ella ha sido objeto de amenazas, atentados y persecución laboral, mientras que él asegura que fue injuriado por parte del abogado Jaime Lombana, uno de los defensores de Uribe.

Al respecto, la Procuraduría sostuvo que si bien son señalamientos graves, deben ser abordados en un proceso diferente al que se le sigue a Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, lo cual ahora debe dirimir la jueza Ortiz.

La Fiscalía pidió la preclusión de la investigación contra Uribe tras argumentar «atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado».

El pasado 5 de marzo, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, anunció en un comunicado que la Fiscalía pediría precluir el caso ante un juez.

La Fiscalía informó que Jaimes «realizó el traslado del material probatorio, la evidencia física y la información legalmente obtenida desde el 3 de septiembre de 2020, fecha en la que asumió el proceso».

Según precisó, los informes y los elementos recopilados en su investigación fueron entregados a Uribe y a su defensa, así como a quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados.

Uribe, en calidad de senador, es investigado desde el año 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran recluidos.

Investigaciones de la Corte señalaron que Uribe buscaba que los testigos cambiaran su versión y declararan en contra del senador Cepeda.

El 4 de agosto de 2020 la CSJ emitió un fallo de detención domiciliaria contra Uribe, por lo que debió confinarse en su hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba.

El 18 de agosto del mismo año, Uribe renunció a su escaño en el Congreso y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso ya no lo siguió la CSJ y fue tomado por la Fiscalía General.