Judicial

Corte Suprema confirma que el senador Mario Castaño aceptará cargos para acogerse a sentencia anticipada

Mario Castaño
La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes que el exsenador electo Mario Castaño, quien enfrenta una investigación por presuntamente liderar una gigantesca red de corrupción en varios departamentos del país, busca el beneficio de la sentencia anticipada por lo que estaría dispuesto a aceptar los cargos que se le indilgan.

«En proceso por presunta red de corrupción, senador Mario Castaño expresa voluntad de someterse a la justicia mediante sentencia anticipada. La sala de Instrucción de la Corte Suprema suspende cierre de investigación para adelantar ese trámite pedido por la defensa del congresista», reveló el alto tribunal este martes.

Castaño deberá responder por un gigantesco entramado de cobros ilegales para adjudicar contratos y ubicar a personas en cargos públicos en al menos siete municipios de cuatro departamentos del país.

El pasado 18 de agosto, la Fiscalía General de la Nación reportó que prácticamente todos los «peones» de la red de corrupción que lideraba el senador electo Mario Castaño, que está preso en la cárcel La Picota de Bogotá desde el pasado 7 de junio, fueron capturado y judicializados. Son 21 personas, entre ellas 7 alcaldes, 2 secretarios de planeación municipal, 2 funcionarios de despacho y 10 contratistas particulares.

La red de corrupción, según la Fiscalía, sería la responsable de la apropiación de parte de los dineros girados a los municipios para cubrir diferentes proyectos de infraestructura o garantizar el suministro de bienes y servicios para la ciudadanía.

En total se detectaron distintas irregularidades en 47 contratos, cuyo valor total asciende a 46 mil 305 millones de pesos.

De los 21 capturados y judicializados, 13 aceptaron cargos, de ellos 5 son alcaldes. Las investigaciones permitieron identificar posibles irregularidades en 47 contratos que, en valor, superan los 46 mil 305 millones de pesos.

De acuerdo con el material de prueba, el senador electo, a través de algunos de fichas claves en los municipios, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones.

A cambio, las administraciones municipales supuestamente direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que eran distribuidas entre los involucrados en el entramado criminal.