Maduro liberó algunos estadounidenses, pero no todos salen de la temida ‘Casa de los Sueños’

Eyvin Hernández llevaba ya seis meses detenido en una notoria cárcel en Venezuela cuando otros siete estadounidenses fueron liberados a inicios de este mes como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado con Estados Unidos. El defensor público de Los Ángeles, de 44 años, vio a uno de sus mejores amigos salir de prisión mientras él y otros compatriotas quedaban atrás.

A diferencia de los que fueron liberados, Hernández y los que continúan en cautiverio aún no han sido designados oficialmente como “detenidos injustamente en el extranjero” por el gobierno de Estados Unidos, designación que debe tomar el Departamento de Estado utilizando los criterios establecidos por el Congreso.

Pero la administración no tiene limitaciones de tiempo para emitir la designación y Hernández lleva ya medio año encarcelado en la infame “Casa de los Sueños”, en la sede en Caracas de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar (DGCIM) sin que el gobierno de Estados Unidos tome una decisión sobre su caso.

Una designación de detención injusta desbloquea recursos cruciales para las familias de los estadounidenses encarcelados en el extranjero, incluyendo atención interinstitucional y el acceso a la oficina del enviado presidencial para asuntos de rehenes, que se hace cargo del caso de la Oficina de Asuntos Consulares.

Pero los repetidos llamamientos al Departamento de Estado por parte de los amigos y familiares de Hernández para la designación han sido ignorados, dijo su familia en una entrevista con McClatchy y el Miami Herald.

Al menos otros cinco estadounidenses están bajo custodia venezolana en circunstancias similares.

Hernández “es consciente de que, para que lo liberen, tendrá que ser a través de negociaciones políticas”, dijo su hermano, Henry Martínez. “Eso está bastante claro”.

Interceptado en la frontera
Hernández se encontraba de vacaciones en Colombia cuando su padre y su hermano se dieron cuenta de que algo andaba mal. El 31 de marzo, Hernández dejó de hacer sus llamadas regulares a casa. Sus familiares decidieron contactar a la policía de Medellín para pedirles que visitaran el Airbnb donde se hospedaba.

Un video tomado por la policía mostró que sus pertenencias — sandalias, equipaje y un maletín — todavía estaban en su lugar.

“Nuestros corazones se desplomaron cuando vimos eso”, dijo Martínez.

“Llegó el 3 de abril y nosotros esperábamos que llegara en el avión”, continuó Martínez, llorando junto a su padre, Pedro Martínez, en una entrevista en video. “Obviamente no lo logró. Tuve pesadillas de tener que identificar su cuerpo, o algo así. Esa fue la peor parte.”

Finalmente recibieron un mensaje el 4 de abril de un hombre que se identificó como el defensor público de Hernández en Venezuela, informándoles que había sido acusado de conspirar para delinquir y de asociación delictiva.

Cuando pudieron comunicarse con Hernández en prisión, él les contó la historia a fondo. Conoció a una chica venezolana a través de una aplicación y luego en persona en una discoteca, dijo su familia.

Con solo unos días para el final de sus vacaciones, Hernández ofreció a la chica acompañarla en sus viajes por el país. Pero ella le comentó que necesitaba un sello venezolano en su pasaporte para abordar un vuelo nacional colombiano.

Funcionarios de la oposición venezolana que viven en Colombia contactados por McClatchy y el Miami Herald dijeron que no tenían conocimiento de la existencia de tal requisito. “El sello es una formalidad y normalmente no lo exige nadie en Colombia”, dijo uno de ellos.

Sin embargo, Hernández accedió a acompañarla para obtener el sello del pasaporte que necesitaba y fueron a Cúcuta, un pueblo colombiano en la frontera con Venezuela, viajando más de 15 horas en autobús para llegar allí.

Una vez en Cúcuta, la pareja abordó un taxi para llegar hasta el cruce fronterizo. Hernández le dijo a su familia que no está seguro de dónde fue que los dejaron. Pero una vez que lo hicieron, hombres armados los interceptaron en cuestión de minutos.

Uno de los hombres armados supuestamente trató de obtener un soborno de Hernández, pidiéndole $100 para asegurarle la entrada a Venezuela. El defensor público le informó que él no tenía intenciones de ingresar al país, pero de inmediato lo encapucharon y lo arrojaron en la parte trasera de una camioneta.

El caso de Hernández es uno de varios donde hombres estadounidenses conocieron a mujeres venezolanas en Colombia antes de ser conducidos a la frontera y detenidos. No está claro si los casos forman una estrategia concertada de Caracas para atraer y atrapar a los ciudadanos estadounidenses, pero los funcionarios de la administración de Biden le dijeron a McClatchy que están conscientes y preocupados por la tendencia.

La familia de Hernández dice que la chica que viajaba con él también fue arrestada y permanece en prisión.

El Departamento de Estado emitió una advertencia en agosto a los estadounidenses para que eviten la región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Un portavoz de la senadora demócrata Dianne Feinstein de California dijo que el personal de la senadora ha estado trabajando en el caso de Hernández, estaba en contacto con el Departamento de Estado y estaba buscando formas en que la senadora podría ayudar. Otros representantes del distrito de Hernández no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Rehenes en Boleíta
Cuando siete estadounidenses fueron liberados el 1 de octubre, los funcionarios de la administración Biden cantaron victoria. “Estamos encantados”, dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas. “Tenemos a todas nuestras detenciones injustas, todos nuestros estadounidenses que fueron detenidos injustamente en casa y se dirigían a los brazos de sus familias”.

Pero las organizaciones de derechos humanos en Venezuela creen que hay al menos seis estadounidenses que todavía están en las cárceles del país sudamericano.

Además de Hernández, están dos ex Boinas Verdes, Luke Denman y Airan Berry, que fueron atrapados en una incursión militar fallida de disidentes venezolanos en mayo de 2020, llamada Operación Gedeón.

También está Jerrel Lloyd Kenemore, un hombre de 52 años arrestado en Venezuela a principios de este año, y Jason George Saad, quien ha sido descrito como un vagabundo que vivía en las calles de la ciudad oriental de Maturín.

Asimismo, en las cárceles de Maduro se encuentra Dahud Hanid-Ortiz, un veterano estadounidense buscado en España por el presunto asesinato en Madrid de dos mujeres cubanas y un hombre ecuatoriano.

Denman y Berry ya fueron condenados a 20 años por conspirar para derrocar a Maduro, pero hasta el momento no se han anunciado públicamente cargos contra los otros hombres.

Los estadounidenses acusados de conspiración para derrocar al régimen de Maduro a menudo son retenidos por el DGCIM en su sede en la urbanización de Boleíta en Caracas, una antigua fábrica textil transformada en oficinas administrativas con celdas de detención.

Hernández se encuentra actualmente recluido en la sección del edificio llamado Casa de los Sueños, que fue diseñado específicamente para quebrar sicológicamente a los prisioneros.

“Sirve, y de hecho lo describen así, como una olla a presión”, dijo el ex teniente de la Fuerza Aérea Venezolana Luis Lugo Calderón, quien estuvo varios meses recluido en el penal de Boleíta. “Allí colocan a los que llegan primero para ablandarlos psicológicamente. Una vez que se ablandan, se los llevan a otras celdas”.

Ubicadas en el tercer piso del sótano del edificio, las 16 celdas, que miden seis pies por seis pies, tienen muy poca ventilación. Los presos recluidos allí están sujetos a una luz perpetua que impide el sueño, describió un informe reciente preparado por el Instituto Casla, una organización no gubernamental que monitorea las violaciones de los derechos humanos.

Los presos políticos de la Casa de los Sueños han pasado largos periodos de encierro, donde han estado hasta cinco personas en una misma celda. El efecto de hacinamiento y la falta de ventilación dificultan mucho la respiración, según el informe.

“Los detenidos en este lugar suelen presentar enfermedades respiratorias, además de ansiedad y depresión”, señala el informe del Instituto Casla.

A pesar de que estas condiciones son conocidas por las autoridades estadounidenses, la administración de Biden aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso de Hernández.

“Asumimos nuestra responsabilidad es de ayudar a los ciudadanos estadounidenses con seriedad y continuaremos presionando por un trato justo y transparente y acceso consular para todos los ciudadanos estadounidenses”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Si un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, el departamento supervisa cuidadosamente el caso y brinda asistencia cuando es posible.

“Si bien tenemos dificultades para obtener acceso o confirmar informes sobre ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, hacemos todo lo posible para brindar la asistencia adecuada”, agregó el funcionario.

“En general, el departamento revisa periódicamente los casos de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero para determinar si la detención es injusta. El Secretario toma una determinación después de considerar información de una variedad de fuentes y con base en la totalidad de las circunstancias del caso”, dijo.

El vocero no respondió preguntas sobre el tiempo que tomó determinar si Hernández está siendo detenido injustamente.

“El presidente y el secretario de Estado lideran un sólido equipo de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que trabajan en colaboración con las familias y las organizaciones no gubernamentales para garantizar la liberación de los ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos injustamente o tomados como rehenes en el extranjero”, agregó el funcionario. “No tenemos más comentarios en este momento”.

Publicado por Iván Briceño

Periodista Digital Editor de contenidos: www.radiosantafe.com