El Gobierno de Gustavo Petro solicitó este miércoles a la guerrilla del ELN suspender un paro armado en una zona selvática del departamento de Chocó, luego de que Human Rights Watch denunció la amenaza del grupo rebelde para impedir el desplazamiento de las comunidades en esa zona.

Un paro armado es una prohibición, bajo amenazas de ataques, para que las personas se movilicen por carreteras y ríos en una determinada región, lo que implica un confinamiento que impide el abastecimiento de alimentos, combustibles y el acceso a servicios de salud o educación.

La petición del Gobierno se produjo dos días después de que cerró su primer ciclo de diálogos en Venezuela con el ELN con el que busca poner fin a la participación del grupo rebelde en un conflicto interno.

Durante la primera ronda de conversaciones en Caracas las partes acordaron impulsar alivios humanitarios en regiones de Colombia en donde tiene presencia el ELN para evitar el confinamiento de poblaciones, el reclutamiento de menores, el uso de minas antipersonales, los combates y otras acciones que afecten a la población civil.

«Es una manifestación que va en contravía de la construcción de la paz, es un mensaje errado», dijo a periodistas el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.

«El llamado de las comunidades y del Gobierno es a que paren el paro armado, que no lo ejecuten, porque está planeado para realizarse en los próximos días», aseguró el funcionario gubernamental.

El grupo de derechos humanos Human Rights Watch dijo que con fuentes en terreno confirmó una amenaza de paro armado del ELN, que empezaría el jueves en una amplia zona del departamento del Chocó.

Aunque el acuerdo entre el Gobierno y el ELN contempla impulsar los alivios humanitarios a partir de enero, Rueda aseguró que el Gobierno ya inició diálogos con las comunidades indígenas y afrodescendientes de los departamentos del Cauca y Chocó para impulsar procesos de retorno a sus territorios e impedir confinamientos.

El ELN inició en 2017 una negociación de paz en Ecuador en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos que posteriormente se trasladó a Cuba.

Pero su sucesor Iván Duque no la continuó debido a que el grupo rebelde no aceptó exigencias como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque con un carro bomba a una academia policial en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos.

Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos con el ELN, que tiene unos 2.400 combatientes y es acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron debido a sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.

El ELN, al que pertenecieron sacerdotes católicos radicales, es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Reuters