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El Gobierno de Perú declara ‘persona non grata’ al embajador de México y lo expulsa del país

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–La crisis diplomática entre México y Perú se agravó en las últimas horas, tras la decisión del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte de declarar ‘persona non grata’ al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, a quien le dio 72 horas de plazo para abandonar el país.

En una nota diplomática, la Cancillería peruana argumentó su decisión ante «las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política» en Perú.

La declaración fue publicada después de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgara asilo a la esposa del vacado mandatario Pedro Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores de edad.

Sobre el particular, en un comunicado, la cancillería peruana hizo las siguientes precisiones:

«La Embajada de México informó mediante nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que su Gobierno concedió asilo diplomático a la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro y sus dos menores hijos, conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos estados son partes.

El artículo XII de la referida Convención dispone que “…el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo casos de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el Artículo V y el correspondiente salvoconducto”. Atendiendo sus obligaciones internacionales y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas.

El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal del Perú, según consta en la disposición del fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, de 19 de agosto del presente.

El Gobierno del Perú reitera de manera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso. La investigación preparatoria que se le sigue a la señora Paredes está referida a la presunta comisión de un delito común.

El otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Paredes Navarro de conformidad con el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos de 2021, en caso de que las autoridades judiciales así lo requieran.

El Ministerio de Relaciones Exteriores actúa con apego a la legalidad y el pleno respeto a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. En el marco de sus competencias, el Gobierno del Perú defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado, a través de los poderes correspondientes, de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad». Fin del comunicado.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ordenó a Monroy regresar a su país «con el fin de resguardar su seguridad e integridad física».

En un comunicado, la Cancillería señaló que la Embajada quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas.

«México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú», aseveró.

El pasado lunes, el gobierno peruano reaccionó contra Colombia por las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación interna de su país.

En un comunicado expedido por la cancillería indicó:

En la fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a la Embajada de la República de Colombia una nota diplomática mediante la cual se transmite el profundo malestar del Gobierno del Perú ante las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política en el país.

Las afirmaciones del presidente Petro constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas; no son consistentes con las tradicionales relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a ambos estados y pueblos; y se apartan de la prudencia que los sucesivos gobiernos del Perú y Colombia hemos cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro Estado, especialmente en situaciones complejas y delicadas. (Información RT y cancilleria peruana).