–La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió este miércoles en Lima con una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita el país, y prometió darle «todas las facilidades» para que indague sobre lo ocurrido en las protestas, que dejan hasta ahora 47 fallecidos.

«El gobierno les dará todas las facilidades para saber lo que ha pasado, como se la dimos a los comisionados que visitaron el país en diciembre», aseguró la jefa de Estado tras el encuentro, que se prolongó por cerca de tres horas en Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.

Indicó que las medidas que ha dispuesto su administración frente a las recientes protestas tuvieron como finalidad resguardar a los peruanos, así como a la infraestructura pública y los aeropuertos en las regiones, que en varios casos han sido atacados.

Aprovechó la oportunidad para ratificar ante la misión internacional, de visita en el país por pedido del Gobierno, que seguirá promoviendo la paz social y el diálogo con los diferentes sectores a lo largo y ancho del territorio nacional.

La delegación es liderada por el vicepresidente de la CIDH, el guatemalteco Stuardo Ralón, quien en rueda de prensa aseguró que durante los próximos tres días verificarán «la situación de los derechos humanos» en las jornadas de manifestaciones.

Ralón, quien es también relator para Perú, dijo que durante su visita a varias regiones escucharán «a diferentes organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas», ya que la «idea es tener la escucha más amplia posible de todas las voces».

Añadió que como parte de su agenda, que cumplirá acompañado por el comisionado Joel Hernández y otros funcionarios, tiene previsto reunirse con diversos congresistas el próximo 13 de enero.

Ralón adelantó que en las próximas horas viajará hasta las regiones sureñas de Ica y Arequipa, así como posiblemente a otras partes del país, para evaluar la situación en el marco de las protestas.

Sin embargo, evitó indicar si visitará la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, que entre lunes y martes reportó la muerte de 17 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden y de un policía que fue atacado por una turba que incendió su coche patrulla.

Esas muertes, que suman 47 desde diciembre, generaron que instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidiera que cese el uso «indebido de la fuerza» contra la población civil.

En tanto, la Fiscalía abrió el martes una investigación preliminar a Boluarte y contra varios de sus funcionarios, entre ellos el primer ministro Alberto Otárola, «por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».

Aseguró que esos delitos habrían sido cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. (Información Agencia Xinhua).