–La Defensoría del Pueblo trinó este viernes sobre el caso de las niñas de las etnias Jiw y Nukak Maku abusadas y explotadas sexualmente en el departamento del Guaviare y aseguró que «en el último año» ha instaurado más de 300 acciones jurídicas por vulneraciones a los derechos de la población indígena en la región.

La Defensoría hizo el pronunciamiento tras hacer un llamado de «atención» a las entidades del Estado «por la falta de respuesta a las vulneraciones de derechos de las comunidades en Guaviare», pero no precisa contra quién adelantó los procesos judiciales.

Solo añade que «los resultados del trabajo adelantado por el equipo de la Defensoria serán presentados en un informe especial que será socializado en una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalia, para buscar la garantía de los derechos de la población en ese departamento».

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a la Gobernación del Guaviare, a la Alcaldía de San José del Guaviare, a la Unidad de Victimas, al ICBF, a la Agencia de Tierras y a los ministerios de Educación, Salud y Defensa, entre otros, a que «de manera urgente actúen para el restablecimiento de los derechos de las víctimas».

La Alianza por la Niñez Colombiana y la ONG World Vision, al condenar y rechazar enfáticamente los actos de violencia sexual de los que han sido víctimas niñas, niños y adolescentes, entre los 7 y 15 años de edad, de la comunidad Nukak Maku y Jiw (guayabero), cita registros del Instituto de Medicina Legal, según los cuales el Guaviare se encuentra entre los 5 departamentos con mayores tasas de ocurrencia de casos de violencia sexual contra la niñez, con una tasa de 23,8 casos registrados por cada 10.000 niñas, niños y adolescentes.

Así mismo, destaca que Meidicina Legal afirma que entre 2019 y noviembre 2022 se reportaron 1.521 casos de niñas, niños y adolescentes de población indígena «que han sido valorados por presuntos delitos de abuso sexual».

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación registra que entre 2010 y 2022 solo se han presentado 236 denuncias por delitos sexuales contra la niñez en este departamento, de los cuales, 219 aún se encuentran en proceso de investigación, indagación o juicio.

La Alianza por la Niñez Colombiana hace un llamado urgente al Gobierno Nacional a intervenir en las acciones que se vienen adelantando de manera local y que están siendo insuficientes para velar por la protección integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos.

También insta a las instituciones responsables a poner en marcha la implementación de lo dispuesto en la Ley 2205 de 2022 que busca que los delitos contra la niñez tengan términos con más celeridad y sean más estrictos, y a la Fiscalía en la creación de la unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia.