–El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al Gobierno de su predecesor, Jair Bolsonaro, de haber cometido genocidio contra el pueblo yanomami en el estado de Roraima, donde estuvo el pasado sábado. La visita de Lula se produjo en medio de la indignación pública por la crisis humanitaria en la mayor reserva indígena del país.
«Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomamis, cometido por un Gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño», declaró el mandatario en Twitter. «Adultos que pesan como niños, niños que mueren por desnutrición, malaria, diarrea y otras enfermedades», señaló.
Para ilustrar la escala del problema, Lula citó algunos datos estadísticos que indican que cientos de menores de cinco años murieron en la zona en los últimos cuatro años por enfermedades que sí son prevenibles.
La principal causa de dicho «genocidio», según señaló el jefe del Estado, es la minería ilegal que está prosperando en la región, «alentada por el anterior presidente». Después de hablar con uno de los líderes de la comunidad, Lula reiteró su promesa de erradicar la industria ilícita en la región, que causa «destrucción y muerte» cuando se contaminan ríos locales con mercurio.
Además, Lula afirmó que se va a aumentar el número de vuelos y mejorar las pistas de aterrizaje de las comunidades para que las personas que vayan a buscar asistencia médica a la capital del estado puedan regresar rápido a sus casas. También mostró su intención de llevar a la región a equipos médicos permanentes.
«No habrá más genocidios. Los pueblos indígenas serán tratados con dignidad», declaró el mandatario. «La humanidad tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, que preservan el medio ambiente y ayudan a contener los efectos del cambio climático», agregó.
El pasado sábado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, ordenó la apertura de una investigación sobre delitos de genocidio y delitos ambientales en la reserva indígena Yanomami.
Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, 99 niños yanomami, de entre uno y cuatro años, fallecieron a causa del avance de la minería ilegal en la zona durante 2022. La dependencia estima que en total 570 menores han muerto debido a la contaminación por mercurio, desnutrición y hambre. Además, se confirmaron 11.530 casos de malaria, que afectaron principalmente a los mayores de 50 años, jóvenes y niños.
PLAZO A BOLSONARO
De otro lado, el magistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Benedito Gonçalves, dio un plazo de cinco días al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para presentar alegaciones sobre un video que publicó, tan solo dos días después de los ataques a las sedes se los tres poderes, y que cuestiona el resultado de las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, según recogen medios brasileños.
La notificación se realizó el pasado sábado, 21 de diciembre, fecha desde la que comienza a correr el plazo. También fueron notificados el exministro de Defensa Walter Braga Netto, y dos hijos del exmandatario, el senador Flávio Bolsonaro y el diputado federal Eduardo Bolsonaro.
La acción responde a un pedido de los abogados de Lula para que la grabación se incluya en otra solicitud presentada durante la campaña del izquierdista para la Presidencia de la República, en la que se les acusaba de mal uso de los medios de comunicación y abuso de poder político.
La publicación -que fue borrada poco después- incluía un video en el que el fiscal Felipe Marcelo Gimenez, del estado de Mato Grosso do Sul, defendía tesis infundadas sobre las pasadas elecciones presidenciales.
Los edificios atacados y tomados fueron el Palacio del Planalto, sede del Gobierno; el Supremo Tribunal Federal; y el Congreso Nacional. Los asaltantes, además de causar destrozos en esos edificios públicos, acusaron a las instituciones de haber realizado un «fraude» en la elección que ganó Lula da Silva, sin presentar ninguna prueba fehaciente que sustentara esa acusación. (Información RT).