Inicialmente esta iba a realizarse el 08 de enero, luego el 10, después el 17. Hoy por fin iba a ser el encuentro con la alcaldesa mayor de Bogotá y el consorcio APCA Transmetro, quien tiene a cargo las obras de la primera línea del metro, a las 4 pm, para revisar las alternativas de soterrar un tramo de 9,6 km o más dependiendo la elección de los mandatarios. La aplazó por tercera ocasión para el próximo miércoles 25. El mensaje es claro, este tema no es una prioridad en la agenda nacional, al gobierno le interesa sabotear este megaproyecto que lleva el 18% de su construcción y beneficiará a 2,5 millones de bogotanos.
La obsesión y el capricho del Presidente de construir un Metro subterráneo pone en riesgo los avances del proyecto de la Primera Línea. Para los ciudadanos la terquedad del gobierno nacional implicaría sobrecostos entre $8 y $17 billones de pesos, que a la luz de la Ley 310 de 1996 (modificatoria de la Ley 86 de 1989), por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, la Nación deberá participar con un tope del 70% del costo total de la obra y el Distrito debe asumir el 30% restante. Así está consagrado en el Artículo 2 dicha ley: “La Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciar o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto”.
Otros inconvenientes son la imposibilidad de modificar el contrato, la norma de contratación pública sólo permite modificar una adición hasta por el 50% del valor inicial del contrato. Así lo establece el inciso dos del único parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1996 que indica: «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales».
Hay afán por parte del gobierno nacional para hacer efectiva la modificación del contrato a través de un concepto técnico al exconsejero de Estado Enrique Gil Escobar para revisar la viabilidad jurídica de modificar el trazado del metro para construir un tramo subterráneo, a través del contrato 012-23 por $119 millones y que termina el 30 de enero. Esto demuestra que el presidente Gustavo Petro está buscando a toda costa hacer los cambios en el contrato, desconociendo los billonarios sobrecostos que trae cualquier modificación como lo sugirió el consorcio chino APCA dando respuesta a lo solicitado por el presidente meses atrás.
No se conoce de dónde saldrán los recursos adicionales para cubrir los sobrecostos, la alcaldía ha dicho que cualquier modificación será asumida por el Gobierno Nacional, el cual no se ha pronunciado más que para indicar que está en su derecho como cofinanciador de pedir los estudios que considere necesarios.
La Empresa Metro ha suscrito contratos de crédito por $588 millones de dólares con la Banca Multilateral para la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas del metro que a la fecha ha sido estructurada elevada no bajo tierra, por lo que deberá revisar la empresa las cláusulas de financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Cambiar el contrato, significa costos adicionales para el contratista y estos tendrían que ajustarse ya que estaría llevando a un desequilibrio económico. Las opciones que se conocen son: I) Desde Cll 1 con Cra. 24 hasta Cll 100, una extensión de 12,8 km con un sobre costó de $17 billones; II) Desde Cll 45 hasta Calle 100, extensión de 6,2 km con sobrecostos de $12 billones; III) Desde Av. 1ra de Mayo hasta Cll 72, extensión de 10 km y sobrecostos por $11 billones; IV) Desde Cll 72 hasta Cll 100, el tramo de menor extensión con 3,5 km y con sobrecostos de $10 billones; y finalmente el V) Desde Cra 1ra sur hasta Calle 72, extensión de 9,6 km y sobrecostos de $8,2 billones.
De las opciones conocidas lo mejor sería extender el metro de la calle 72 hasta la calle 100 o la 200 haciendo un nuevo contrato para esa obra, evitando los riesgos jurídicos en demandas por las modificaciones al tramo 1 de la Primera Línea ya contratada.
Como se dice coloquialmente “el palo no está pa’ cuchara”. El endeudamiento de la ciudad a corte de 31 de diciembre fue de $7,8 billones, con lo que presupuesto la alcaldía para 2023 y lo advertido por la Contraloría sumaría $4,4 billones adicionales, lo que al final del 2023 dejaría a la ciudad con una deuda alrededor de $10,9 billones, descontando $1,3 billones de servicio a la deuda. El Gobierno Nacional y Distrital debe dejar las peleas y caprichos de la Primera Línea de Metro y avanzar en más líneas que requiere la ciudad.
No es momento de improvisar, tampoco de satisfacer egos ni caprichos. Es momento de seguir adelante, el gobierno nacional ha sido enfático que este 2023 está marcado por un panorama macroeconómico complejo y turbulento. Hago un llamado a la sensatez y que prime el derecho de los bogotanos a tener alternativas de movilidad, así como la responsabilidad fiscal del país y la ciudad. ¡Presidente, sea sensato!
Lucia Batidas, Concejal de Bogotá
