–Ante el Tribunal Administrativo de Bogotá y Cundinamarca la concejal Lucia Bastidas presentó una acción popular «con el fin de salvaguardar los intereses de los bogotanos a quienes se les vulnerarían sus derechos colectivos con la propuesta del gobierno nacional de acabar con la primera línea del metro».
Según la concejala, el Gobierno Nacional sabotea el megaproyecto al desconocer los avances de la obra: Construcción (18%), patio taller (68%) y el Traslado Anticipado de Redes (95%).
Añadió que los únicos perjudicados con las demoras en las obras y el caos actual en la movilidad serán los 2,5 millones de bogotanos que se beneficiarán con el Metro.
Explicó que cuatro de las opciones presentadas por el consorcio chino al Presidente Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López y la Empresa Metro de Bogotá no son viables jurídicamente porque el contrato no se puede modificar, ni sobrepasar el monto máximo de adición que establece la norma de contratación pública de hasta el 50% del valor inicial.
«La única solución que recomendó el contratista fue extender el metro de la calle 72 hasta la calle 100, por ser jurídicamente viable y agregar valor, por atender 20.000 pasajeros adicionales», puntualizó Bastidas.
Señaló que esta alternativa fue rechazada por el mandatario porque segrega socialmente y es el único tramo donde la distancia entre aceras es mayor y permitiría el Metro elevado.
En su concepto, hay afán del Gobierno para enterrar bajo tierra un tramo de la PLMB y hacer efectiva la modificación de lo pactado en 2019. Este capricho tendría sobrecostos de $8 a $12 billones y retrasos de 8 a 10 años, lo que representaría un caos a la movilidad de los bogotanos durante los próximos años».
Lucía Bastidas destacó que la Procuraduría General de la Nación alertó del posible detrimento patrimonial y los riesgos por las demoras en el plazo, aumento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado y vulneraciones al principio de planeación contractual. La Administración Nacional hace caso omiso y se molesta por los anuncios.
En la acción popular que interpuso, la concejal solicité al Tribunal las siguientes medidas:
-Oredenar al Gobierno Nacional y Distrital que se abstengan de hacer cambios en el contrato inicialmente pactado del megaproyecto.
-Que la Administración Distrital con la empresa Metro continúen con la ejecución planeada, es decir, sin soterrar ningún tramo del proyecto.
-Realizar un diálogo entre Presidente, Alcaldía y la empresa Metro en el que se reiteren los lineamientos pactados, con el fin de que la obra se ejecute sin modificación o contratiempo alguno.
-Deposito las expectativas de los bogotanos en la rama judicial, para que en ejercicio de sus funciones defiendan el bienestar de los capitalinos y su derecho a una movilidad digna que está en construcción. Las actuaciones de los mandatarios de Colombia, incluidos el Presidente y la Alcaldesa de Bogotá deben ser responsables y evitar improvisación, capricho y egos políticos para retrasar el desarrollo de la ciudad.
Finalmente precisó: «Es momento de seguir adelante, el gobierno nacional ha sido enfático que este 2023 está marcado por un panorama macroeconómico complejo y turbulento. Hago un llamado a la sensatez y que prime el derecho de los ciudadanos a tener alternativas de movilidad, así como la responsabilidad fiscal de Colombia y Bogotá».
