–Una investigación contra seis altos oficiales de las Fuerzas Militares, cuyos nombres se abstiene de revelar, anunció este jueves la Procuraduría General de la Nación por la muerte de 11 civiles en desarrollo de la operación adelantada por el Ejército en la vereda El Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo de 2022.

El ministerio público indicó que en las pruebas y testimonios recaudados en una indagación previa, estableció que en la acción militar podría verse comprometida la responsabilidad de los seis uniformados.

Por esta razón, la actuación disciplinaria fue remitida de la Delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, entre cuyas competencias está la de investigar oficiales militares con rango de Generales de la República.

Estos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público ejerciera poder preferente para conocer la indagación disciplinaria adelantada por el Batallón contra el Narcotráfico No. 3 el pasado 18 de abril de 2022 y solicitara la práctica de nuevas pruebas.

Posteriormente, y luego del análisis de dichas pruebas, el 21 de abril de 2022, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación.?

De igual manera, a lo largo del año 2022 han sido expedidos diferentes autos que ordena la práctica de más pruebas, todas encaminadas a esclarecer lo sucedido.

Adicionalmente, se ha logrado una articulación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, a través de la que se han realizado múltiples inspecciones a los procesos penal y disciplinario en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.

De ahora en adelante será esta sala disciplinaria la que ordenará el recaudo de nuevas evidencias y definirá futuras acciones dentro del proceso, garantizando los derechos a la defensa y al debido proceso de víctimas e investigados.

El hecho es que las personas muertas en la operacion militar fueron reportadas por el Ejército Nacional como «guerrilleros muertos en combate», esto es, se trató de un «falso posiitivo».

De acuerdo con la información que entregó en su momento la Defensoría del Pueblo, entre las 11 personas que murieron en el operativo militar, se encontraban el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas.

Por esta razón, la Defensoría solicitó a las autoridades competentes “el rápido esclarecimiento” de lo ocurrido e insistió “en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido”.

Según la versión de los habitantes de la vereda, el operativo militar se dio mientras la comunidad realizaba un bazar que permitiría recolectar fondos para arreglar los caminos del territorio.

“Ellos (el Ejército) llegaron, dispararon indiscriminadamente y los mataron”, afirmó uno de los sobrevivientes de la matanza.

El senador indígena Feliciano Valencia, a través de Twitter, señaló que lo que ocurrió en Puerto Leguízamo fue una “masacre” “perpetrada por miembros del Ejército”.

“Fueron asesinadas durante un bazar y no en combate», señaló para refutar las afirmaciones que hizo al respecto el entonces minustro de Defensa, Diego Molano.

Además Valencia denunció que “producto del bazar comunal en el que se produjo la masacre, se habían recolectado 11 millones de pesos” y que el dinero desapareció durante la operación militar.