Familiares de víctimas de «falsos positivos» piden justicia y reparación
«Exijo verdad, justicia, reparación y no repetición para que no haya más padres y madres como mi persona y como muchos de los que estamos en este auditorio», exigió María del Carmen Zuluaga, madre y esposa de dos víctimas de casos de «falsos positivos».
En esta audiencia, celebrada en Villavicencio y que se extenderá hasta el 24 de febrero, la JEP escuchará las observaciones de las víctimas sobre las versiones voluntarias de 68 comparecientes que tuvieron cargos militares entre 1999 y 2007 en el batallón de infantería «Batalla Pantano de Vargas», ubicado en el municipio de Granada (Meta).
El departamento del Meta es el segundo con mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales después de Antioquia, con un total de 394 «falsos positivos».
La denominación de «falso positivo» hace referencia a las ejecuciones de civiles por parte de miembros del Ejército que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios.
En el auditorio, además de Zuluaga, quien perdió a su hijo de 15 años seis meses después de que asesinaran a su marido en enero de 2006, se encontraba María Sixta Tulia Cuevas, madre de otro joven asesinado en el mismo año que pidió a la JEP «obligar» a los involucrados en las muertes a decir la verdad.
«Así como tuvieron el valor de asesinarlos, que nos digan la verdad», sentenció Cuevas.
En febrero de 2021, la JEP informó de la existencia de «al menos 6.402 casos de víctimas de falsos positivos» cuyo pico se alcanzó entre los años 2002 y 2008.
POCA INFORMACIÓN ESPECÍFICA
De las versiones voluntarias se demostró que «estos militares no han ofrecido una verdad exhaustiva y detallada sobre los hechos», según el Colectivo Orlando Fals Borda (OFB).
No obstante, el colectivo también concluyó «de manera parcial» que «estos hechos obedecen a una misma lógica de planeación, ejecución y ocultamiento» de unas prácticas que «no se restringieron a una sola comandancia, sino que se configuran como una política sistemática».
Por su parte, el director ejecutivo de OFB, César Santoyo, hizo un llamado a la JEP para que avance en la investigación de otras unidades militares de los Llanos Orientales que estén involucradas en crímenes de lesa humanidad, entre ellas la Séptima Brigada, la Brigada Móvil No. 12, la Brigada Móvil No. 4 y el Gaula Meta, todas las adscritas a la IV División del Ejército Nacional.
«Es importante que los esfuerzos para lograr la paz total tengan como sustrato el testimonio abierto e integral de quienes cometieron los crímenes para que los reconozcan ante la JEP», insistió Santoyo en relación a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros delitos.
