–La Asociación Nacional de Industriales Colombianos, ANDI, que agrupa a los grandes empresarios e industriales del país, presentó un documento con 9 reparos, 9 inquietudes y 8 propuestas presenta a la Reforma a la Salud que presentó el Gobierno del presidente Gustavo al Congreso, según afirma, con el propósito de participar y contribuir con argumentos técnicos en el análisis del Proyecto de Ley y de ayudar en la búsqueda común de un sistema de salud fortalecido.

En primera instancia, el gremio de los industriales reseña los siguientes reparos:

-El modelo propuesto puede afectar seriamente la atención a los usuarios
-El presupuesto de la salud puede desbordarse y perder sus mecanismos de contención, afectando las finanzas públicas
-El tarifario único para la prestación de servicios puede desincentivar la oferta de servicios de calidad para los pacientes y la inversión en tecnología e innovación en salud
-La ADRES no cuenta con la capacidad operativa para ser el pagador único del sistema de salud, lo que puede genera un colapso y consecuente falla en la atención de salud
-La estructura de gobernanza planteada crea burocracia, aumenta el riesgo de injerencia política y probable corrupción sobre los presupuestos de la salud en los territorios
-El proyecto de reforma no plantea una transición ordenada para las EPS con riesgo para los usuarios
-La propuesta puede tener un impacto fiscal insostenible
-La política de tecnologías en salud debe propender por el acceso a medicamentos e insumos de calidad
-El nuevo modelo puede derivar en un aumento en el costo de las medicinas prepagadas y en general, al aumento del gasto privado en salud de los colombianos.

Luego presenta estas «Inquietudes»:

-Primera, el modelo propuesto puede afectar seriamente la atención a los usuarios dado que no se tiene claridad de quien asumirá el papel que las EPS cumplen hoy hacia los pacientes, tales como, agenciamiento, articulación de la red, gestión del riesgo en salud, pago de incapacidades y licencias de maternidad, entre otras.

A su vez en temas tan importantes como la dispensación de los medicamentos, el pago de prestaciones económicas, el trámite de una cita, un examen o una terapia, no aparecen descritos quien asume esos roles.

Bajo este modelo se pierde el derecho a la libre escogencia que ha sido fundamento del sistema actual. No resulta claro si el CAPIRS (Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud) representa al usuario, si gestiona su riesgo en salud y también el financiero, si las Entidades territoriales conforman las redes y cómo se garantiza la atención por fuera del CAPIRS para el ciudadano en movilidad.

-Una segunda inquietud es que el presupuesto de la salud puede desbordarse y perder sus mecanismos de contención afectando las finanzas públicas. Se plantea un presupuesto para la atención primaria, que gestionarán los CAPIRS. No es claro si ese presupuesto es una cápita o un pago por atención u evento. Se plantea también una UPC para la mediana y la alta complejidad, cuyo método de cálculo tampoco se establece. La gestión que hacen las EPS se perdería, incluida la contención del gasto y expondría al sistema a un eventual desborde presupuestal.

-Una tercera es el tarifario único para la prestación de servicios que puede desincentivar la oferta de servicios de calidad para los pacientes y la inversión en tecnología e innovación en salud. Preocupa que, en las condiciones planteadas, un tarifario que no reconozca las estructuras de costos de los prestadores, desincentiva la inversión. En igual sentido, no hay claridad sobre los criterios para la conformación de las redes y la participación de los prestadores privados, solamente se hace referencia a la prioridad que tendrá el prestador público. Es importante ofrecer claridad jurídica en este aspecto, así como incentivos para la participación de las IPS privadas.

-Cuarta, la ADRES no cuenta con la capacidad operativa para ser el pagador único del sistema de salud, lo que puede generar un colapso y consecuente fallas en la atención de salud, plantear un pagador único y ubicar en él todas las transacciones del sistema, además de otras que hoy no realiza, es un riesgo para la Entidad, pero sobre todo para el flujo de los recursos oportuno. No es claro tampoco el alcance de la desconcentración en las regiones y la gestión del gasto en los territorios.

-Quinta, la estructura de Gobernanza planteada crea burocracia, aumenta el riesgo de injerencia política y probable corrupción sobre los presupuestos de la salud en los territorios. Entendemos la importancia de aumentar la participación ciudadana y los mecanismos para hacerla efectiva. No obstante, la estructura de Gobernanza planteada involucra múltiples instancias de decisión y acompañamiento, en los diferentes niveles, con facultades de ejecución.

Esta nueva estructura, además de crear una burocracia excesiva, complejiza el flujo de ejecución del sistema y de los flujos de fondos, con el riesgo asociado a la politización y mal uso de los recursos de la salud.

-Sexta, el proyecto de reforma no plantea una transición ordenada para las EPS con riesgo para los usuarios: En la propuesta estudiada, las actuales aseguradoras adquieren un papel limitado en el ámbito de la atención primaria y con funciones netamente operativas, no obstante, mantienen su población afiliada, por un periodo indefinido. Se impide su participación en la mediana y alta complejidad y se elimina la integración vertical. Este planteamiento no considera los elementos razonables de una transición ordenada y no lesiva para estos agentes, que siguen asumiendo todos los riesgos propios del aseguramiento bajo el riesgo de su desaparición.

Séptima. La propuesta puede tener un impacto fiscal insostenible. El sistema ha enfrentado históricamente y por múltiples razones, dificultades en su financiamiento y en el flujo de los recursos. El 2022 terminó con un desfase superior a los $3 billones, asociados los presupuestos máximos y rezagos de atención del Covid.

El 2023 inicia con otro déficit derivado del descuento en el valor del SOAT y con un sistema en el máximo nivel de demanda de servicios, afectado por la inflación, la tasa de cambio, el aumento en las frecuencias de uso, entre otros. Esa es la realidad año a año en la operación propia del sistema.

Esta reforma, que cambia el modelo de atención, también es exigente en capital, requerido para aumentar la oferta pública en todos los niveles, diseñar, construir, contratar y operar un gran sistema de información, formalizar y mejorar las condiciones de remuneración del talento humano en salud, soportar una estructura de gobernanza paga muy robusta y fortalecer y crear nuevas entidades.

Octava, la política de tecnologías en salud debe propender por el acceso a medicamentos e insumos de calidad: En materia de tecnologías en salud, los pacientes acceden hoy a un portafolio de insumos de calidad y seguridad. Esto incluye medicamentos, dispositivos médicos y todos los gases y el oxígeno que requiere la prestación. No es claro el proyecto en cuanto a dispensación de medicamentos, operadores logísticos y farmacias y nada se menciona de la Agencia Sanitaria Invima, que es uno de los mayores cuellos de botella de la deseada industrialización, que requiere una definitiva intervención.

Novena, el nuevo modelo puede derivar en un aumento en el costo de las medicinas prepagadas y en general al aumento del gasto privado en salud de los colombianos

El tránsito hacia un modelo de salud público genera incertidumbre entre la población. Solamente los anuncios de la reforma motivaron el incremento de demanda de servicios por los usuarios. Las complejidades del periodo de ajuste amenazan con empujar a la población hacia las consultas particulares o la adquisición de seguros privados que, a su vez, ante la necesidad de ampliar la cobertura, se verían forzados a aumentar el monto de las primas.

(Sigue Parte II: Propuestas)