–La Procuraduría General de la Nación reportó que ofició a la Gobernación del Cauca, Unidad Nacional de Protección, Unidad de Víctimas, y a la Policía del Cauca y Ejército Nacional del Cauca, para que informen las acciones adelantadas en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a lideres sociales del Cauca amenazados.

La CIDH requirió la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carlos Mauricio Mosquera Miranda, Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya y sus núcleos familiares, quienes residen en el municipio de Argelia.

En su comunicación, la Procuraduría señaló que estos líderes comunitarios habrían sido objeto de una serie de amenazas por sus actividades políticas, y por actuar como defensores de derechos humanos en la zona que habitan; y afirmó que su situación de riesgo persiste a pesar de haber sido trasladados a otros municipios.

Teniendo en cuenta la decisión tomada por esta instancia internacional frente al Estado colombiano, y en cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría solicitó a las entidades requeridas, informar si desde el ámbito de sus competencias han activado la ruta de protección respecto de las personas antes mencionadas.

Así mismo, pidió en su misiva, indicar si han adelantado coordinaciones con otras entidades del orden municipal y/o nacional con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes de la CIDH y, en caso positivo señalar las acciones propuestas, así como los resultados obtenidos.

Adicionalmente, en reunión interinstitucional convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cauca solicitó a la Secretaría de Educación departamental concertar las medidas de protección con las personas beneficiarias, entre ellas, la docente Elcira Mosquera, sin necesidad de esperar a que sea ella quien active la ruta de docentes amenazados, teniendo en cuenta las medidas cautelares adoptadas.

El ente de control precisó que mediante esta actuación preventiva se busca garantizar los derechos de un grupo de líderes sociales y sus familias, sin que ello implique coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas.