–Una nueva y vehemente defensa de la reforma que plantea el Gobierno Nacional hizo la ministra de Salud, Carolina Corcho, en un conversatorio en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, advirtiendo que el sistema de salud vigente desde la Ley 100 «simplemente es inviable desde el punto de vista de la vida y del punto de vista fiscal».

La funcionaria también reveló que el actual modelo que se pretende cambiar «acumula deudas en cuentas por pagar de las EPS por 23 billones de pesos que podrían llegar, incluso, hasta los 30 billones; aquí sí hay un hueco financiero: el Estado pagó y de ahí en adelante no se supo más».

Lo anterior, puesto que se entregan cuantiosos recursos de todos los colombianos y colombianas a «unos administradores privados de recursos públicos donde el Estado perdió el control de esa plata: billones de pesos rodando sin control […] bajo un diseño institucional opaco, donde no hay ningún control sobre esa plata», indicó la funcionaria.

En ese sentido, señaló que con la propuesta presentada al Congreso «queremos generar instrumentos anticorrupción […] que permitan que no haya un saqueo del erario público ni en lo nacional, ni en lo regional, ni en lo público, ni en lo privado».

De acuerdo con la ministra, el giro que se propone para el sistema de salud busca construir un modelo basado en la prevención de la enfermedad a partir de la atención primaria, lo cual reduciría los costos que hoy asumen todos los colombianos y colombianas, además de convertir a la ADRES en un un pagador único que gestionaría los recursos y evitaría que el dinero pase por tantas manos sin control alguno.

También indicó que hacer posible un modelo de salud verdaderamente universal, es decir, uno en el que todas las personas que viven en el territorio nacional tengan acceso a los servicios, costaría unos 24 billones de pesos. Para lograrlo -dijo- se requiere «redistribuir de manera justa los recursos» con los que hoy se cuenta, y destacó que para este año el sistema tiene más de 60 billones de pesos y que, solamente por administrarlos, las EPS cobran al Estado 6,6 billones.

«No tenemos que buscar un peso más, nadie tiene que aportar más», señaló la ministra, recordando que «el sistema de salud tiene un crecimiento anual de un punto porcentual del PIB, luego el propio crecimiento del Presupuesto General de la Nación y los efectos de la reforma tributaria sobre el Sistema General de Participación nos dan esa plata» que requiere la reforma.

Con lo mencionado, respondió a las voces que hablan de un ‘hueco fiscal’ y denunció que existen poderosos intereses alrededor de la información errónea que se ha propagado en el país al respecto: «hay mucha confusión en la opinión pública, cuando hay intereses no hay razones ni argumentos».

Indicó que «los ciudadanos tenemos que ser iguales frente al sistema de salud y frente a la vida», destacando que la propuesta busca que más de 20 millones de colombianos y colombianas que hoy se encuentran excluidos, por factores como su condición social y su ubicación geográfica, puedan gozar de su derecho fundamental a la salud.

Adicionalmente, recordó que «este proyecto de ley es el fruto de una construcción de muchos años en la que hemos recogido lo mejor del pensamiento democrático […] para presentar al país una propuesta seria, sustentable, viable, y para que tengamos la esperanza de que este país pueda cambiar. ¡Y tiene que cambiar, ya estuvo bueno de la desigualdad! Esta es una oportunidad para garantizar la vida en Colombia».