–En el foro “El Estado de la Justicia en Colombia”, en la Universidad Externado, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa volvió a cargar este martes contra el proyecto de sometimiento a la justicia que presentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso.

«Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento”, afirmó Barbosa y preguntó: ¿ Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra de estas leyes?. Y se respondió: “Están ensuciando la dignidad de este país».

Barbosa se refirió a la defensa institucional y recordó que el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, como Procurador General de la Nación, también se enfrentó en ese entonces al fijar su posición frente al sometimiento a la justicia en la época del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

El Fiscal General advirtió: «No podemos confundir lo que significa el sometimiento a la justicia con un proceso de paz, conforme a la ley expedida el 28 de diciembre de 2016, donde se estableció el acuerdo de paz en una filosofía muy simple».

Y añadió: «Cómo van a poner a un Fiscal a firmar un principio de oportunidad para concierto para delinquir agravado, en donde se incluyen conductas como genocidio, delitos de lesa humanidad, narcotráfico y me dicen: tranquilo Fiscal le hicimos caso, excluimos los máximos responsables».

Frente al proceso de Paz Total, señaló que desde el pasado 31 de diciembre” se tomaron decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana”.

Al respecto, se refirió a la suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio y sentenció: “Eso llevó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública».

El Fiscal recordó el secuestro de 3 fiscales y un funcionario judicial en Tarazá, Antioquia, por parte de alias Gonzalito, una de las personas por quien habían solicitado suspensión de orden de captura.

«El problema no es de paz, porque más amigo de la paz que el Fiscal General en este momento no ha habido”, subrayó Barbosa y recordó que suspendió órdenes de captura de los cabecillas del Eln y de las disidencias de las Farc, “y hoy hay un proceso de paz en curso” en el cual, destacó, “hemos colaborado».

“Todos somos amigos de la paz, pero no somos amigos del narcotráfico, y el que quiera ser amigo del narcotráfico que lo diga de frente y discutimos eso el Congreso de la República y frente al país. Amigos de la paz, sí, pero amigos del narcotráfico, no, ni tampoco me los metan en un paquete que diga ‘paz total’ porque eso significa meter a todo el mundo en una dinámica en la que vamos a permitir el lavado de activos y una cantidad de conductas que van en contravía del sistema jurídico colombiano”, aseguró Barbosa.

Sin embargo, anotó: «Yo le he dicho al país que soy un Fiscal de proposiciones, no de oposición, pero la Constitución del 91 no ha perdido ninguna elección presidencial desde que fue expedida, eso me parece trascendental desde el punto de vista de lo que significan los diferentes hechos en el país».

El Fiscal hizo alusión a la resolución que decía que se ampliaría a 4 cosechas cultivos familiares de pequeños cultivadores. “Eso daría 25 kg de cocaína y más de $100 millones de utilidad anual para ese grupo de personas, lo que generaría una suerte de pitufeo por todas las selvas».

Al respecto, el Fiscal dijo: “Con sorpresa observo esa resolución que no se convocó al Consejo de Política Criminal. Luego en el proyecto de humanización de la justicia, aparece una norma que dice suspensión de ejecución de la condena a los pequeños cultivadores, otra sorpresa».

Ya, con anterioridad, el Fiscal General había hecho serios reparos al proyecto de sometimiento a la justicia para las bandas criminales.

El 21 de febrero, Barbosa se reunió con el presidente Gustavo Petro y le presentó un pliego con 9 observaciones, así:

1. La Fiscalía en su integridad debe asumir la investigación y ejercer la acción penal sobre las personas que manifiesten su voluntad de sometimiento, y no debería limitarse este ejercicio a la Unidad Especial de Investigación (UEI), como está contemplado en el texto del proyecto.

Esta dependencia fue creada al amparo del Acuerdo de Paz de La Habana, por lo que cualquier atribución adicional que se le imponga excede el mandato constitucional que sentó sus bases de funcionamiento.
“La Fiscalía General de la Nación es la que aplicará el proyecto de sometimiento a la justicia, no una unidad especial dentro de la Fiscalía. Es la Fiscalía General de la Nación la que la aplicará en su integralidad, es decir, todas las unidades de la Fiscalía trabajaran en eso”, solicitó el Fiscal Barbosa Delgado.

2. Mayores tiempos procesales, en el entendido de que el Gobierno Nacional propone términos cortos que imposibilitan un estudio profundo y una investigación detallada que permita acceder a la verdad.
“No nos permiten hacer corroboración y contrastación probatoria. ¿Qué significa eso? Que una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción que se tienen que firmar ante el Alto Comisionado para la Paz nosotros tenemos que tener tiempos suficientes para contrastar esa información con lo que ellos dicen, pero también con lo que nosotros tenemos sobre ellos para saber si hay verdad o no hay verdad, si se aprueban o no se aprueban esas personas o si están diciendo mentiras o no”, explicó el Fiscal General de la Nación.

3. No limitar las formulaciones de imputación. La Fiscalía debe tener la potestad de investigar otras conductas que no sean puestas en conocimiento por las personas que se sometan.
“Las imputaciones no se pueden limitar solamente a las actas que firman allá. Las imputaciones así excluyen conductas que no estarían reconocidas en la imputación y que están en la Fiscalía. Por ejemplo, delitos que se hubiesen cometido, que nosotros sepamos, pero que ellos no digan en el acta, entonces implicaría que nosotros continuemos la investigación penal, así ellos hubiesen firmado un acta”, detalló el Fiscal General.

4. Topes en extinción de dominio, es decir, que los bienes afectados con medidas cautelares, que estén vinculados a procesos ante los jueces o a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales. De esta manera, debe garantizarse que presenten bienes que no estén afectados.

“Los topes de extinción de dominio ajustarlos al Código de Extinción de Dominio, artículo 133. Señalar que bienes que ya tiene la justicia no hacen parte de lo que ellos van a entregar porque ya los tenemos. Es decir, 26 billones de pesos ya no entran dentro de eso porque eso hace parte de lo que la justicia colombiana ha hecho en los últimos tres años en esta Fiscalía”, dijo el Fiscal Barbosa Delgado.

5. La Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar el cumplimiento de obligaciones, pues no es la función constitucional que le fue asignada. A la Fiscalía le corresponde investigar.

“No hace parte de nuestra función constitucional, para poderlo decir, tendría que modificar la Constitución Política porque nuestra función constitucional artículo 250, es la de ser la titular del ejercicio de la acción penal y se desvía de nuestra función”, aseguró el Fiscal General de la Nación.

6. La aplicación total del principio de oportunidad, entendida como inmunidad penal, se debe otorgar luego de que el aspirante a este mecanismo cumpla todos sus compromisos de verdad y colaboración efectiva.

“(…) no se regala la zanahoria hasta tanto no se cumpla el compromiso de restauración porque si uno da la zanahoria, pues se la comen antes. Entonces hay que dar la zanahoria, pero parcialmente. Cuando cumplan se las damos totalmente. Es decir, principio de oportunidad suspensivo”, enfatizó el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.

7. Las víctimas deben ser protegidas. En el proyecto no existe una ruta de atención, reconocimiento o reparación a las víctimas.

“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de ley no tiene esquema de reparación de las víctimas ni el rol de las víctimas en el proceso”, señaló el Fiscal General.

8. Respeto por el principio de cosa juzgada para no dar espacio a que se modifiquen o alteren sentencias que están en firme.

“Van a darse sentencias colectivas, pero dice el proyecto que si aparecen nuevos hechos atribuibles a personas que están en la sentencia, se abre la sentencia y se incluye el hecho atribuible. Es raro y nunca lo había visto desde mi función como abogado. Sentencia que se produce, sentencia que se cierra, que queda ejecutoriada. Por ende, sentencia que se firmó por parte de un juez, no puede desconocérsele su intangibilidad. Por eso, ese artículo, es un artículo que tiene que modificarse”, indicó el Fiscal General de la Nación.

9. No aplicación del principio de oportunidad al delito de concierto para delinquir por delitos graves, entiéndase infracciones a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas.

“No es posible aplicar principio de oportunidad, a nuestro juicio, frente al concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el Estado no puede inhibirse frente a investigaciones de derechos humanos, y en estos casos esos conciertos para delinquir podrían estar implicando esas circunstancias”.