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Timochenko insta a grupos armados a definir cese al fuego: «El Gobierno actual es democrático y progresista y luchar contra él no tiene sentido»

–En intervención virtual este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el máximo excabecilla de las desaparecidas Farc y ahora director del partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exhortó a los grupos armados «a reconocer que el gobierno del presidente Gustavo Petro es democrático y progresista y su lucha contra él no tiene sentido”.

Por ello, aseguró que “el cese al fuego debería por tanto partir de estas organizaciones”.

En su disertación, el exjefe de las exFarc reiteró el respaldo a la política de paz total de Petro y advirtió: “Hoy más que nunca somos conscientes de las enormes dificultades que tiene consolidar la paz, pero igualmente, estamos más convencidos que nunca de que la vía de las armas y confrontación sólo conduce al desastre. Sólo la paz y vías del diálogo nos harán mejores”.

Y añadió: “Creemos firmemente, y por eso nuestro respaldo a la política de Paz Total de Petro, que el camino del diálogo jamás debe ser abandonado, es el único que puede conducirnos a una sociedad civilizada. De todas las alternativas de la humanidad, la peor es la guerra. Sólo la paz y las vías del diálogo nos harán mejores.

Aseguró que las antiguas Farc dieron pleno cumplimiento al punto 3 sobre Terminación del Conflicto. “Dejamos las armas y nos convertimos en un partido político, a más de comparecer sin dilación alguna a los mecanismos de justicia y verdad contemplados en el punto 5”, precisó.

Además destacó que han “aportado verdad sobre innumerables casos, suplicado perdón una y otra vez a las víctimas, contribuido a la reparación y la no repetición de manera decidida” y subrayó que esperan “las primeras condenas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que deben estar enmarcadas en lo que se pactó en el punto 5, así como reconocimos los méritos del Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad”.

Asegura de otro lado, que “los grupos disidentes que retomaron las armas representaron un porcentaje minúsculo de quienes firmamos el Acuerdo” y que “su reproducción ha sido producto de gente nueva reclutada en los campos”.
Según dijo “sus actividades dejan mucho que desear desde el punto de vista moral y político”.

No obstante, advierte que el Estado nunca cumplió su compromiso de ocupar las regiones que las antiguas Farc abandonaron tras la dejación de armas, “facilitando así el fortalecimiento de diversos grupos delincuenciales en los territorios”.

Además denunció la desprotección a líderes y lideresas sociales, «que caen asesinados permanentemente por esos grupos, como somos víctimas también los firmantes de paz, y los desplazamientos forzados y amenazas constantes, que terminaron por acabar con numerosos espacios de reincorporación aprobados.

«Pasan de 350 los firmantes de paz asesinados impunemente desde la firma del Acuerdo. El fin de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo sigue siendo una aspiración pese a lo pactado en La Habana», puntualizó.

Además reseñó que la situación de los firmantes también es crítica en materia de tierras para trabajar y proyectos productivos que garanticen su reincorporación integral, al tiempo que necesidades básicas como la vivienda y la educación no encuentran satisfacción ni siquiera a largo plazo.

«Tales situaciones han generado una diáspora de los firmantes hacia distintas regiones de la geografía nacional, dificultando su organización en defensa de la implementación, y hasta reforzando el desánimo y la falta de credibilidad en el propio Acuerdo y los mecanismos previstos para su cumplimiento», precisó.

Somos conscientes de que el conjunto de reformas que se requieren en nuestro país, de las que las contempladas en el Acuerdo Final de Paz son apenas un capítulo, representan un enorme reto, sobre todo ante la declarada oposición de los sectores y partidos que rodearon el pasado gobierno, empeñados en impedir las mínimas transformaciones a favor de las mayorías. En buena medida eso explica el ritmo con el que Petro busca ponerse a tono con la implementación de lo acordado en La Habana. Confiamos en su palabra, esperamos una actuación decidida y a fondo en esa dirección. Nos hemos reunido en varias ocasiones, y las cosas comienzan a andar.

Reconocemos una y otra vez que si no hubiera sido por el apoyo de la comunidad internacional, en particular por las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y su Misión en Colombia, que constantemente movieron al gobierno de Iván Duque a tomarse en serio el Acuerdo de Paz y a implementar algunos de sus aspectos, el esfuerzo de alcanzar una solución política a la confrontación con nosotros hubiera podido fracasar.

«Acudimos por ello hoy, esperanzados, a esta sesión del Consejo de Seguridad. Sabemos que un espaldarazo de su parte al gobierno actual, en su propósito de cumplir integralmente el Acuerdo, tendrá efectos multiplicadores muy superiores a los del pasado reciente», puntualizó.

También expresó que aspiran a que se active efectivamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que sean puestos en libertad los 187 firmantes aún en cárceles, algunos en el exterior. También que los recursos para la Implementación queden garantizados en el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que obvió por completo el anterior gobierno.

«El hecho de haber tenido que retirar su proyecto de reforma política de los debates del Congreso, por cuenta de la desnaturalización que a su objeto democratizador imprimieron fuerzas políticas contrarias, demuestra la resistencia que encuentra todavía la implementación de la participación política prevista en el Acuerdo», señaló y añadió:

«Con el respaldo de ustedes, las cosas serán más llevaderas. Petro propuso comprar a ganaderos los tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras, lo cual cuesta una cifra astronómica. Quizás la comunidad internacional pueda poner su grano de arena para conseguirlo. Los reincorporados tienen la necesidad urgente de tierra para trabajar proyectos productivos sostenibles, así como de vivienda ya sea en el campo o la ciudad».

«Pero esto requiere de una condición básica, que su vida, su seguridad y estabilidad estén garantizadas como lo prometió el Estado en los puntos 2 y 3 del Acuerdo. Para nosotros adquiere suma importancia que el Consejo de Seguridad influya para que se cumpla esta premisa fundamental, mediante los mecanismos aprobados en la mesa de diálogos», concluyó.

En la sesión del Consejo de Seguridad, Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, hizo la presentación del último informe del Secretario General sobre esta Misión, que abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.

Massieu instó a todos los actores armados ilegales que delinquen en Colombia “a no desaprovechar la oportunidad que supone la audaz apuesta de la búsqueda de la paz por la vía del diálogo” y reiteró que Naciones Unidas continuará apoyando todo esfuerzo orientado a aliviar los impactos de la violencia y a la consolidación de la paz.

También hizo referencia a los procesos de diálogo en curso bajo el marco de la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En el caso del de las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), exhortó a que durante la siguiente ronda de conversaciones se avance en resultados adicionales en cuanto a la reducción de la violencia y la participación de la sociedad en la construcción de la paz.

“Es urgente que las partes avancen en la negociación sobre el cese al fuego bilateral”, afirmó Ruiz Massieu.