–El presidente Nicolás Maduro decretó ajustes en el denominado “bono de guerra” que reciben los empleados públicos y en el bono de alimentación con criterio de “indexación”, pero no anunció un incremento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 5,25 dólares a tasa oficial.

El denominado bono de guerra que se empezó a pagar a inicios de este año a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 20 dólares mensuales y el bono de alimentación (Cestaticket), con el que los trabajadores pueden comprar alimentos, a 40 dólares.

Sin embargo, el martes por la mañana anunció que el bono de guerra quedaría en 30 dólares y no en 20 dólares como había anunciado horas antes.

Ambos bonos, según dijo, se “actualizarán periódicamente” a la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

“Hemos estado luchando con un bono de guerra, haciendo más con lo que tenemos (…) yo he venido madurando cómo mejorar los ingresos el transcurso de estos meses hasta que podamos tener la fortaleza financiera y dar un golpe definitivo en la recuperación del salario del trabajador venezolano”, aseguró Maduro durante un acto a propósito del Día Internacional de los Trabajadores.

Maduro pidió a los trabajadores a resistir con fuerza hasta que se logre la “recuperación total del salario”.

El mandatario atribuyó la falta de recursos a las sanciones de la comunidad internacional y a la trama de corrupción en la estatal PDVSA.

Mientras tanto, Trabajadores y jubilados calificaron de “burla” los ajustes anunciados por Maduro.

Los ajustes en bonificaciones decretados por el presidente Nicolás Maduro entre lunes y martes son considerados una “burla” que no se ajustan a la “legalidad” venezolana y que “discrimina” a más de 5 millones 300.000 jubilados y pensionados, coinciden diversos sectores de la sociedad civil venezolana.

William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB), resalta que los anuncios “no se atienen” a la Constitución ni a la Ley del Trabajo. Añade que “no son suficientes” para la sobrevivencia, que “discrimina” a los jubilados y que se orientan a “bonificar” el sueldo.

“No hay un ajuste real del salario ni de los sueldos, eso implica que no tiene incidencia en los bonos vacacionales, en los bonos de fin de año, en la protección social en general. En el caso de los profesores venezolanos, en los aportes que debe haber del Estado al Instituto de Previsión Social para el cuido de la salud y otros beneficios, no tiene incidencia sobre el pago que se hace a las cajas de ahorro, en los sindicatos”, explica a la Voz de América.

Bajo criterio de “indexación”, el denominado bono de guerra que se empezó a pagar a inicios de este año a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 30 dólares mensuales y el bono de alimentación (Cestaticket), con el que los empleados formales pueden comprar alimentos, a 40 dólares, pero no hubo incremento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 5,25 dólares a tasa oficial.

El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aseguró el martes en Twitter que los jubilados de la administración pública cobrarán el equivalente en bolívares a 49 dólares por concepto de bono de guerra indexado más su jubilación, es decir 130 bolívares o poco más de 5 dólares. Mientras que los pensionados cobrarán el equivalente en bolívares a 20 dólares más pensión, también de 130 bolívares.

José Guerra, economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), afirma que el nuevo monto del denominado bono de guerra es “insignificante”.

“Ahora lo disminuyeron. Lo que sí aumentaron fue el otro bono, el más general que lo cobran a través del sistema patria y que no lo cobran todos”, dijo consultado por VOA.

En abril, el bono que cobraron trabajadores activos era el equivalente a unos 44 dólares, ahora quedó ubicado en 30 dólares.

Para Guerra, también ex gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela (BCV), en Venezuela “murió” la figura del salario mínimo debido a que el 80% de la remuneración del trabajador son bonos y no salario.

“El salario da lugar a bono vacacional, aguinaldo y al cálculo de prestaciones sociales cuando el trabajador termina su relación laboral y se le calcula su bonificación de retiro sobre la base del salario mínimo. El propósito es bajar los costos laborales al mínimo”, explica.

Guerra insiste en que actualmente el Estado sí tiene los recursos para pagar un “salario decente” de entre 100$ y 150$ mensuales, monto que, afirma, sigue siendo “muy bajo”.

“Esa plata viene de las exportaciones petroleras, incrementadas ahora por el esfuerzo de Chevron, el impuesto no petrolero, el IVA, el impuesto a las grandes transacciones financieras y las exportaciones de otros minerales que hoy está recibiendo el gobierno de Nicolás Maduro”, precisó. (Información Voz de América).