–(Foto Río Atrato, Chocó). La Defensoría del Pueblo solicitó este miércoles a las entidades competentes y a las fuerzas de seguridad del Estado medidas de protección, fortalecer la presencia institucional, proteger los derechos a la vida, a la integridad, al trabajo y a la libre movilidad de 12 alcaldes en 7 departamentos que tuvieron que abandonar sus municipios por amenazas de grupos armados ilegales y otras bandas criminales. están despachando desde las ciudades capitales

Otros 17 mandatarios junto con concejales, personeros y otros funcionarios de igual número municipios, al igual que diputados, están bajo amenazas contra su vida y la de sus familiares por los mismos actores criminales.

La Defensoría del Pueblo insistió en la importancia de activar todos los mecanismos de prevención y coordinación entre entidades nacionales y territoriales para atender la crítica situación de seguridad que se está presentando en Colombia, especialmente en el departamento del Chocó.

Destacó que como resultado de un trabajo acucioso realizado en terreno por todas sus Defensorías Regionales, se estableció la preocupante situación que enfrentan servidores públicos, como alcaldes, concejales, personeros, diputados, entre otros, en el territorio nacional.

Entre los 17 departamentos en los cuales los funcionarios están bajo amenazas, la Defensoría reseña a Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima.

El reporte advierte que 17 municipios se encuentran en alto riesgo debido a la presencia y confrontación entre estructuras armadas ilegales.

Añade que en total 12 alcaldes, en siete departamentos, tuvieron que abandonar sus territorios para salvaguardar su vida e integridad personal; actualmente, ejercen sus funciones desde otras jurisdicciones.

En el caso del Chocó, los mandatarios locales de Bagadó, Río Iró, Sipí y San José del Palmar están despachando desde otros lugares por cuenta del accionar indiscriminado de las llamadas autodefensas gaitanistas o clan del golfo y reductos del Eln.

En Río Iró, tres días después de haber sido emitida la Alerta Temprana 020-23 para ese municipio, el burgomaestre fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo improvisado, precisa la Defensoría.

Sumado a estos hechos lamentables, puntualiza, los alcaldes de Nuquí, Atrato, El Cantón del San Pablo, Unión Panamericana, Medio Baudó y Lloró también han sufrido atentados contra su vida e integridad.

Según la Defensoria el Chocó es el departamento en el cual hay más alcaldes trabajando desde otras cabeceras municipales o ciudades (4), y en el que más mandatarios han sido blanco de atentados (7).

Además, comunidades pertenecientes a consejos comunitarios en Nóvita, Sipí y Medio San Juan han tenido que desplazarse de manera forzada o inclusive han quedado confinadas en sus propias viviendas.

La Defensoría del Pueblo reconoce que ha habido una rápida respuesta de la fuerza pública ante las alertas tempranas emitidas. No obstante hace un llamado para que también escuche el clamor de 15 municipios en el Chocó que hoy se encuentran en riesgo extremo debido a la expansión, confrontación armada y extorsiones sistemáticas de los grupos armados ilegales, de manera particular, del Eln.

Finalmente, pide adoptar medidas de protección, fortalecer la presencia institucional, proteger los derechos a la vida, a la integridad, al trabajo y a la libre movilidad y, de manera especial, recalca, que es un deber de las entidades y de las fuerzas de seguridad del Estado atender los llamados de la Defensoría del Pueblo.