El Gobierno Nacional exigió este martes a la guerrilla del ELN y al Clan del Golfo que permitan el libre tránsito de personas y de ayuda humanitaria en una zona del departamento del Chocó en la que más de 9.000 personas se han visto afectadas por los enfrentamientos entre esos dos grupos.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) señaló en un comunicado que «más de 9.000 personas de comunidades negras e indígenas cumplen un mes y medio desplazadas o confinadas» en Chocó por cuenta de la violencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y principal banda criminal del país.

«Exigimos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional permitir de inmediato el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por sus operaciones armadas en la región de los ríos Sipí y San Juan, municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan», agregó la información.

Este comunicado llega después de que supuestamente el ELN suspendiera de manera temporal un «paro armado» que lleva a cabo en esa región desde el 4 de julio para la apertura de un corredor humanitario, según informó el lunes la Defensoría del Pueblo.

«Es preciso aclarar que ayer y hoy, días en los que ese grupo ilegal aseguró haber suspendido temporalmente el paro armado, la cooperación internacional y miembros de consejos comunitarios están haciendo entrega de ayudas humanitarias en nueve comunidades», aseguró ayer el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un comunicado de su despacho.

Sin embargo, la Defensoría señaló que las ayudas no han podido llegar a las comunidades confinadas en la zona del San Juan, subregión donde se enfrentan el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En los paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, así como comete agresiones y profiere amenazas contra todo aquel que no cumpla estas normas.

VIOLENCIA DESBORDADA

Según la OACP, el pasado 2 de julio los habitantes de la comunidad de Chambacú quedaron en medio del fuego cruzado entre ambos grupos, que dejó como víctima mortal al ciudadano José Florencio Hurtado y con heridas a su hijo Edward Yesid Hurtado, de 13 años.

Justamente, el martes, cuando supuestamente estaba habilitado el corredor humanitario, «una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá, comunidades que albergan familias desplazadas».

«Sin embargo, a la altura de Bocas del Sipí, al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que había sido planeada», añadió la Oficina.

Igualmente señaló que una lancha de la Alcaldía del municipio de Istmina que llevaba a los personeros de dos localidades de la región y transportaba ayudas «fue detenida con un disparo de advertencia y requisada».

«Impedir a las víctimas de la violencia a acceder a ayuda humanitaria viola el derecho internacional y profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han aquejado a la población del departamento del Chocó», señaló la OACP.

Todo esto ha ocurrido durante el inicio del cese de acciones ofensivas ordenado por el Comando Central de la guerrilla a todas sus tropas, que arrancó el jueves pasado como antesala del cese el fuego bilateral acordado con el Gobierno que entrará en vigor el 3 de agosto.

Sin embargo, esa semana el Frente Noroccidental de la guerrilla declaró un «paro armado» en el Chocó, que es el que ha afectado a todas estas poblaciones. EFE