Los grupos armados ilegales han experimentado un fortalecimiento continuo durante el primer año de mandato del presidente colombiano Gustavo Petro, según el informe «Paz Total, disputas e inseguridad en el primer año del Gobierno Petro», presentado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Aunque la confrontación contra «el Estado, la infraestructura y bienes» ha disminuido, los hallazgos revelan un aumento del 85% en los enfrentamientos entre estos grupos, marcando el nivel más alto de la última década.

El ELN, las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, considerados los grupos más prominentes, han reforzado su capacidad militar y presencia territorial, permitiéndoles consolidar su control en algunas regiones. A pesar de estos avances, el informe destaca una disminución del 47% en los ataques contra la Fuerza Pública y una reducción del 45% en ataques a infraestructura y bienes durante el primer año del Gobierno Petro.

El estudio también resalta una disminución del 1,5% en los homicidios a nivel nacional y del 14% en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Otros delitos como el hurto a personas, amenazas, homicidios de líderes sociales, desplazamientos forzados y masacres también presentaron descensos, aunque se observó un aumento del 15% en la extorsión y del 77% en los secuestros. Esto sugiere una conexión entre los grupos armados y estos delitos para obtener recursos adicionales.

La FIP señala que el sistema colombiano no logra diferenciar adecuadamente el impacto de estos delitos en áreas urbanas y rurales.

El informe concluye que, a falta de una estrategia sólida para reducir el homicidio y otros crímenes, la visión de Colombia como una potencia mundial de paz sigue siendo una aspiración en lugar de un logro tangible en términos de política pública.