Lo hizo el senador Iván Cepeda, por medio de una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), Margarette May Macaulay, con su preocupación acerca de la gestión que podría hacer el exprocurador General de Colombia Alejandro Ordóñez Maldonado en la OEA, porque considera que la experiencia demuestra que su labor sería contraria a la paz y a los intereses de las víctimas.

Para Cepeda: “Ordóñez es una persona que ha realizado un trabajo sistemático en contra de los postulados principales de una organización que tiene como propósito y finalidad trabajar para fortalecer la paz y promover los derechos humanos”.

Y advierte que Ordóñez se encuentra «sub judice» ante la justicia del país por la presunta promoción de nombramientos irregulares en la Procuraduría durante su dirección, por lo que el Consejo de Estado anuló su reelección.

En la carta Cepeda explica que: “En octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en su contra -por presuntamente haber realizado nombramientos irregulares durante su gestión en la Procuraduría General-. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de la consejera Rocío Araujo Oñate, declaró la nulidad del acto por el cual el Senado de la República eligió al señor Alejandro Ordóñez, como Procurador General de la Nación”.