Corte Suprema abre nueva investigación contra Armando Benedetti ahora por cartel de las pensiones en Córdoba
–La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el exsenador Armando Benedetti por el presunto delito de concusión. Se investiga si en 2010 supuestamente exigió dineros para que se desembolsara el pago de pensiones vitalicias a docentes de Córdoba.
El caso hace parte del sonado escándalo del «cartel de las pensiones» y concretamente tiene que ver con la supuesta exigencia de dineros, en el año 2010, para que la Fiduprevisora hiciera el pago de derechos pensionales a maestros del departamento de Córdoba, sin que cumplieran los requisitos de ley.
La ilícita irregularidad se presentó principalmente de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.
El escandaloso caso de corrupción de las pensiones se desató en el año 2013, cuando unos 15 docentes de Córdoba descubrieron que aparecían en el reporte de pagos de una suma cercana a los $4 mil millones de pesos tras el fallo de un juzgado de Lorica, dineros que nunca habían recibido.
A raíz de esa situación instauraron la correspondiente denuncia en la Fiscalía y de allí se inició la investigación.
En enero de 2022, la Fiscalía logró la condena a 21 años de prisión en contra de los abogados Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo Alfredo José Agámez Vanegas, quienes fueron hallados responsables de la falsificación de documentos que, en su caso, permitieron el desvío de más de $20 mil millones de pesos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el denominado ‘Carrusel de Pensiones’ en Córdoba.
Por estos mismos hechos ya había sido procesado el exjuez promiscuo del circuito de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardi Galeano, a 12 años de cárcel, tras acogerse a sentencia anticipada por los delitos de falsedad material en documento público y privado, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, toda vez que ordenó el pago de más de $64 mil millones de pesos del Fondo Nacional del Magisterio, valiéndose de demandas ejecutivas irregulares.
Del entramado criminal hicieron parte docentes que prestaron sus servicios en la Secretaría de Educación de Córdoba, abogados, jueces y funcionarios, por lo que inicialmente las autoridades vincularon a unas 22 personas que habrían participado del fraudulento entramado.
Además de las personas en mención, en su momento fueron relacionados al proceso el secretario del juez promiscuo del circuito de Planeta Rica, Germán Agustín Albarino Otero, y el abogado Jaime Agámez Pineda, quien murió por causas naturales durante el proceso.