La procuraduría de Margarita Cabello le pide a la Corte Constitucional que detenga el decreto en le que el gobierno de Gustavo Petro declaro estado de emergencia en La Guajira. Mediante un documento enviado por el Ministerio Público, explica que las problemáticas en las que se respaldó el presidente para justificar el decreto existen desde hace mucho tiempo y solo está “instrumentalizando” la crisis para lograr obtener facultades legislativas.

El 11 de agosto, el presidente Petro hablo ante la Sala Plena del alto tribunal, donde sostuvo que la decían ya había sido tomada, para que el Gobierno pudiera realizar acciones de forma directa en menor tiempo. La explicación del Presidente se basó en que el fenómeno del niño afectaría muchas más ese lugar y debido a esto es necesario tomar decisiones que no se requiera todo el trámite legislativo.

Por otro lado, la Procuraduría señalo mediante un documento de 25 hojas enviado a la Corte que “resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia”.

El Ministerio Público expreso que “la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional”

Para el Ministerio Público, el Gobierno, en vez de buscar solucionar mediante decreto de estado de emergencia, debería seguir las órdenes dadas por la Corte Constitucional, el ente de Control explicó que en el 2017 el alto tribunal declaro que hay un Estado de Cosas Inconstitucional con relación a la atención de la niñez Wayuu, y que además hay políticas públicas que ya existen y están previamente diseñadas para atender los problemas de La Guajira.

“Al respecto, se reitera que los estados de excepción no pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional para eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes o el cumplimiento de los fallos judiciales”, dijo la procuradora Cabello en el documento. Agrego que no es comprensible decretar el estado de emergencia para esta parte del país sin contar con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde no se incluyó ninguna medida específica para este fin.