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Contraloría califica a la Unidad para la Gestión del Riesgo un verdadero desastre frente a la reconstrucción de Mocoa

–La Contraloría General de la República anunció la apertura de un proceso administrativo sancionatorio fiscal contra el actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, y su antecesor en este cargo, Javier Pava Sánchez, por no responder reiteradas solicitudes de información del organismo de control sobre el proceso de reconstrucción de Mocoa y obstruir así el ejercicio de control fiscal.

El Vicecontralor en Funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, calificó a la UNGRD como “un verdadero desastre”, al instalar en Mocoa una Mesa de Seguimiento a la Reconstrucción de la capital de Putumayo.

«Es un desastre porque, además, en la declaratoria de emergencia del Gobierno para atender de manera prioritaria las inversiones complementarias en Mocoa se establecía que las mismas debían alcanzar un valor de $1,6 billones y, a dos meses de que venza el plazo determinado, solamente se han comprometido, ni siquiera ejecutado, $400 mil millones», precisó el funcionario.

Para el Vicecontralor en Funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, es inconcebible que después de 6 años las cosas están en peores condiciones que cuando ocurrió la avalancha. No se han mitigado los riesgos ni se han concluido varios de los proyectos de infraestructura que conforman este Programa de Reconstrucción.

Por su parte, el Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, dijo que un inconveniente que persiste es que la UNGRD tiene cuatro (4) contratos vigentes para las obras de mitigación de riesgos en la parte alta y no se han iniciado las obras desde diciembre de 2020 cuando se contrataron.

Desde febrero de este año, a la fecha, la Contraloría ha llamado a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, una y otra vez, sin ninguna respuesta positiva, para que cumpla con los cronogramas aplazados.

La CGR alertó nuevamente sobre las obras de mitigación, dado que tienen un atraso acumulado de casi 5 años. (respecto de la fecha de terminación inicialmente estimada en el Plan de Acción Específico- PAE).

Se trata del proyecto de construcción de obras de mitigación de riesgos en los cauces de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco, y en la Quebrada Taruca, donde se tienen los siguientes avances:

Avance Río Mulato: 35%.
Avance Río Sangoyaco: 60%.
Avance Río Mocoa: 85%
Avance Quebrada Taruca: 55%.

Casas en el aire: Sauces II no tiene ningún avance

En cuanto a la construcción de los Proyectos de Vivienda SAUCES I y SAUCES II, de las 1209 viviendas que se proyectaba construir, solo se han construido y entregado las 300 viviendas del Sector Sauces I y está pendiente la construcción de las 909 viviendas ubicadas en el Sector Sauces II, las cuales se empezaron a construir en 2019, pero a la fecha el avance sigue siendo mínimo, con 168 viviendas en ejecución de las cuales tan solo 12 viviendas tienen cubierta y acabados, pero están sin terminar y no tienen conexión a servicios públicos domiciliarios, sumando a esta tragedia de abandono, que las actividades se detuvieron por la suspensión del contrato de obra.

“Realmente no hay ningún avance en este proyecto de vivienda, lo que vemos es un retroceso frente a lo que vimos cuando vinimos en febrero pasado. Además, porque lo que están intentando construir se está deteriorando”, expresó el Contralor Delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Diego Alejandro Castro.

Los retrasos en la ejecución del Proyecto Sauces II se han dado por falta de una adecuada planeación técnica, financiera, administrativa y ambiental. Hoy no se han liberado recursos para adelantar obras. Se había anunciado que en 2023 se surtiría la reestructuración, planeación y contratación, para empezar obra en 2024. Hoy, eso no ha sucedido, cuando se está entrando a la recta final del año.

Por su parte, el Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Yezid Lozano Puentes, dijo que está por cerrarse la indagación preliminar que abrió la CGR en relación al proyecto de Vivienda Sauces II, por irregularidades en la ejecución de este contrato y los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a los damnificados de la avalancha de Mocoa. Explicó que se está valorando la inejecución del contrato, y los efectos asociados a la misma, que puede estar afectando los intereses patrimoniales del Estado.

Megacolegio y Plaza de Mercado

Otro llamado de atención que reiteró la Contraloría General a la UNGRD es para que prontamente reciba a satisfacción las obras de construcción del megacolegio de Mocoa, que ya están terminadas, incluyendo la construcción de la red de conexión al alcantarillado municipal, y que proceda a entregarlo prontamente al operador final, sea este el Municipio de Mocoa o la Gobernación del Putumayo.

Gracias a las alertas y Advertencia de la CGR, se pudo lograr que la UNGRD aportara los recursos adicionales que necesitó está edificación para su terminación y, desde febrero de este año, el megacolegio pudo tener la indispensable conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto y energía eléctrica.

Sin embargo, esta obra destinada a beneficiar a 960 estudiantes de Mocoa sigue inoperante y sin prestar el muy importante objetivo para el cual fue construida, por un trámite sencillo a cargo de la UNGRD y es recibir la obra y entregarla formalmente.

En cuanto al Proyecto de construcción de la nueva Plaza de Mercado de Mocoa, también a cargo de la UGDRD, no ha iniciado sus obras principales y está actualmente paralizado. Es decir, tiene un 0% de avance.

La CGR ha establecido un presunto hallazgo fiscal por más de $2.398 millones, por los estudios y diseños pagados que resultaron incompletos e inadecuados para la construcción de estas obras.

Después de 3 años y 10 meses de la suscripción del convenio marco del proyecto, los recursos aportados por el DPS ($6.000’000.000) aún no se han utilizado para los fines previstos. El contrato de estudios, diseños e interventoría, financiado con recursos del FNGRD, aún no ha culminado debido a las deficiencias en la planeación y socialización; el proyecto no cuenta con licencias y permisos ambientales.

En síntesis, a esta fecha no se tienen todos los recursos monetarios asignados ni contratadas las obras para la construcción de la nueva Plaza de Mercado de Mocoa, las cuales, según el PAE definido por la UNGRD, debieron estar terminadas y en operación desde el 31 de marzo de 2020.

El que sí está listo es el Hospital de Nivel II José María Hernández.

El proyecto que ha logrado salir adelante y finalizarse, contando con el control preventivo de la CGR y el apoyo de las veedurías ciudadanas a través de la Contraloría delegada para la Participación Ciudadana, es el de la ampliación y mejoramiento del Hospital José María Hernández, cuya entrega está prevista para el próximo mes de septiembre, después que estuvo a punto de convertirse en un elefante blanco.

La fecha definitiva de entrega material y física del Hospital es el próximo 30 de septiembre, con lo cual se beneficiarán unos 300 mil habitantes del departamento del Putumayo.

Eso sí, en su labor de control fiscal, la CGR ha encontrado que este proyecto ha presentado dificultades técnicas y determinado hallazgos fiscales: se le realizaron modificaciones arquitectónicas y/o estructurales en la Fase II, sin la actualización de la licencia de construcción, ocasionando un reproceso en la ejecución de las obras.

Y recientemente la Contraloría delegada para el Sector Salud concluyó una Actuación Especial de Fiscalización, con Enfoque de Cumplimiento, donde se verificó la ejecución presupuestal y contractual de los recursos destinados para la Construcción y dotación del Hospital José María Hernández para la fase II hasta el 31 de diciembre de 2022. En este ejercicio auditor se constituyeron 6 hallazgos administrativos de los cuales 1 presenta otras incidencias, que serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación y a la Secretaría de Salud Departamental.

Por otra parte, la Gerencia Departamental Colegiada del Putumayo de la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal por ejecución de obras que no estaban incluidas dentro del objeto contractual y que no tenían aval del Ministerio de Salud, por cuantía de $272.578.088, proceso que se abrió el 28 de febrero de 2023.

En la Mesa de Seguimiento a la Reconstrucción de Mocoa, intervinieron también representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, reafirmando el compromiso solicitado por la CGR para que se agilicen los proyectos atrasados.

Conclusiones de la Mesa de Seguimiento

El Vicecontralor en Funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, resumió así las conclusiones de esta Mesa de Seguimiento a la Reconstrucción de Mocoa convocada por la CGR:

-Aquí ha habido negligencia por parte de las instituciones que deben liderar este proceso de reconstrucción. Ha habido un desinterés por tener presencia en el territorio y ayudar a resolver las situaciones que se dan con unos contratos que ameritan tener un seguimiento permanente de quienes tiene la responsabilidad de contratar, ejecutar, vigilar y llevar a feliz término los fines para los cuales fueron destinados estos recursos.

-Después de 6 años y 5 meses, tenemos un balance desalentador en relación a la conclusión de proyectos tan importantes como el de las viviendas de Sauces II, porque tenemos un contrato que ha caducado, que ha perdido vigencia jurídica, y que por supuesto va a tener que resolverse quizás no en los mejores términos y eso finalmente afecta la posibilidad de continuar de manera inmediata y como debería ser la culminación de estas viviendas.

-Otra situación preocupante sobre este proyecto son las invasiones que se han venido presentando, incluso en los lotes y predios donde deberían hoy estarse entregando unas viviendas.

-Es importante que este asunto sea revisado desde el punto de vista disciplinario por la Procuraduría General de la Nación, en la medida en que aquí se materializó lo que se advirtió oportunamente por parte de la Contraloría General de la República.

-El Hospital de Segundo Nivel de Mocoa tiene una expectativa de éxito y la CGR continuará haciendo vigilancia a los compromisos que hay frente a las observaciones que hizo el Ministerio de Salud, en relación a la espera del proyecto que debe presentar para que se puedan terminar de comprar los equipos e implementos que hagan posible la prestación eficiente del servicio en este hospital.

-Preocupa que el proyecto de la Plaza Mercado esté en la disyuntiva de esperar una aprobación de la Alcaldía de Mocoa. Ojalá se tenga una respuesta en el menor tiempo posible.

Con relación al megacolegio, la Contraloría Delegada de Infraestructura adelantará una mesas de trabajo, con la participación del ente territorial, el interventor, representantes de la comunidad y de las veedurías, donde se establezcan las condiciones que permitan que se entregue y se reciba oficialmente esta institución educativa, para que pronto entre en operación.

-La CGR hace un llamado a la UNGRD para que delante de manera inmediata en Mocoa una Mesa Permanente de Seguimiento al proceso de reconstrucción, que le entregue un reporte semanal a la ciudadanía a y los veedores de lo que esté pasando en este tema.

-Desde aquí hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a la UNGRD para que la situación de Mocoa se convierta en un tema prioritario, con un seguimiento diario que permita resolver esto definitivamente.

El vicecontralor dijo que aparte de no dar respuestas, la UNGRD no deja monitorear el avance de las obras y ahora no hizo presencia en esta Mesa de Seguimiento.

En desarrollo de este proceso administrativo sancionatorio y, en aplicación del artículo 83 del Decreto 403 de 2020, la CGR está en posibilidad de imponer una multa en un monto desde 1 hasta 150 salarios diarios devengados por el sancionado para la época de los hechos. La sanción se puede tasar entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes, precisó.

Adicionalmente al sancionado en este tipo de procesos se le puede aplicar una suspensión temporal del cargo de servidor público, una sanción que puede darse hasta por 180 días.