–Durante el periodo comprendido del 29 de octubre de 2022 al 29 de junio de 2023, se registraron 219 víctimas de violencia electoral en 175 hechos asociados. Del total de víctimas (219), treinta y cuatro (34) fueron asesinadas, treinta y uno (31) sufrieron un atentado y 154 fueron amenazadas.

Las cifras corresponden al cuarto informe de violencia político-electoral elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, la cual expresa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia en el marco del calendario electoral para la competencia por las Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos y Juntas Administradores Locales (JAL), elecciones que se darán el próximo 29 de octubre de 2023

Pares establece que en relación con el informe inmediatamente anterior [29 octubre 2022), y el correspondiente a los primeros ocho meses del calendario electoral de este 2023, se dio un incremento del 50,8% en el número de hechos registrados, y del 44% en el número de víctimas contabilizadas.

Durante estos primeros diez (10) meses del periodo pre-electoral y electoral, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se registraron 219 víctimas únicas de violencia electoral en 175 hechos asociados.

Desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales, en el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación, día de por medio se registró una víctima de violencia político-electoral.

En este informe se destacan los siguientes datos y hechos:

1. Se cuentan hasta el momento treinta y cuatro (34) homicidios, con una variación del 30,7% en comparación con el informe anterior (8 homicidios en el bimestre 29 de junio/29 de agosto). De los cuales son de mayor gravedad: Claudia Ordóñez, candidata al Concejo de Jamundí, Valle del Cauca; Luis Eduardo Timaná, líder indígena y candidato al Concejo de Pradera, Valle del Cauca; José Ílder Díaz, precandidato al Concejo de Policarpa, Nariño; Leandro Sánchez, candidato al Concejo de Honda, Tolima; Ronald David Gómez, concejal de Tolú, Sucre.

2. Treinta y dos (32) atentados, de los cuales se destacan once (11) en este último bimestre (una variación del 55%) en: Antioquia (2); Atlántico, Bolívar, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca con uno cada uno.

La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.

En Colombia, la violencia electoral está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las redes políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia ha sido y es un mecanismo más de competencia electoral en el país.

En el marco de las elecciones de autoridades locales, municipales y departamentales, existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluyen diversas alianzas con grupos al margen de la ley. Desde 2014, Pares ha documentado los herederos de las estructuras asociadas al fenómeno de la parapolítica en el Congreso y, posteriormente, ha investigado la continuidad de este poder en hechos de corrupción asociados al ‘Cartel de la Toga’, el escándalo de Odebrecht, entre otros escándalos a nivel local.

Todo lo anterior, relacionado con miembros de clanes políticos , quienes canalizan todas las formas de corrupción para mover maquinarias clientelares multimillonarias en sus regiones.

A partir de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas ilegales para la competencia electoral, los riesgos de violencia político electoral se mantienen constantes.

Para el periodo de este informe se registraron como nuevos agentes perpetradores al Tren de Aragua y los Costeños en Barranquilla.

Además, se registró un presunto panfleto amenazantes de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Tuluá, Valle del Cauca, lo que evidencia un detrimento en las garantías para la participación política dentro del municipio, como Pares viene denunciando desde el informe pasado (29 de abril de 2023-29 de junio de 2023).

– Pares también advierte que en las diversas negociaciones que se lleven a cabo en el marco de la Paz Total, se deben priorizara las garantías de participación política debido a que, si bien los grupos con los que hay acercamientos no son los mayores agentes perpetradores, tienen responsabilidad en el 30% de los hechos registrados.

De los departamentos que tienen mayores escenarios de riesgo por presencia de estructuras armadas en Colombia se encuentran: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Tolima y Huila. Para el caso de Cauca y Nariño, Pares identifica algún tipo de riesgo para llevar a cabo las elecciones. Además, se observa la violencia selectiva de las estructuras armadas que se encuentran en estos departamentos.

Durante los diez (10) meses que van del calendario electoral (29 de octubre de 2022- 29 de agosto 2023), Pares registró 175 hechos violentos que han dejado un saldo de 219 víctimas únicas. Cabe aclarar que, conforme avanza el calendario electoral, suelen haber algunas víctimas que sufren hechos victimizantes más de una vez.

Estos casos son los de: Aida Quilcué, quien ha sufrido un atentado y una amenaza; el alcalde de Sitionuevo, Magdalena, José Manga, quien ha sido amenazado en dos ocasiones: una por un concejal y la otra a través de un panfleto presuntamente atribuido al Clan del Golfo; el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilbeto Molina Hernández, quien ha sido objeto de dos amenazas, presuntamente atribuidas a grupos armados PosFarc; y el alcalde de Yarumal, Antioquia, Miguel Ángel Peláez, quien ha sido objeto de dos amenazas presuntamente atribuidas a grupos armados PosFarc.