–El Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la cumbre celebrada en Cali, develó la Política de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, y la cual contempla una estrategia integral de doble vía, llamada «oxígeno» y «asfixia», incluyendo la continuación de la erradicación voluntaria y la eliminación forzosa de cultivos «de alto rendimiento industrial».

«En la nueva política de drogas, le daremos oxígeno a los pequeños campesinos cultivadores de hoja de coca que se acojan a las economías lícitas; y asfixia a las estructuras criminales que dinamizan el narcotráfico y sus finanzas ilegales. Con este nuevo enfoque también se brindará protección a la población más afectada por este flagelo», precisó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Por un lado, explicó, “oxígeno” para los territorios, comunidades, personas y ecosistemas que se han visto desproporcionalmente afectados por el mercado de drogas ilegales y, por otro, “asfixia”, donde los esfuerzos militares, policiales y punitivos se concentrarán los nodos estratégicos del sistema criminal, que son quienes generan violencia y se lucran en mayor proporción de esta economía ilícita.

Según lo advirtió el Ministerio de Justicia, ambas estrategias se articularán con las políticas de Paz, Seguridad y Defensa, Ambiental, Desarrollo, Agraria, entre otras. Además, reconocerán las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas en su aplicación.

Las tres prioridades del pilar “oxígeno” serán:

-Apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas, transformando sus condiciones económicas, sociales y culturales.

-Implementar medidas de manejo ambiental y acción climática, para la conservación y restauración de las zonas que, directa e indirectamente, han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas.

-Abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y de derechos.

La prioridad del pilar “asfixia” será:

-Afectar las capacidades y rentas de las organizaciones y nodos más fuertes del narcotráfico, desde un enfoque sistémico, entendiendo su complejidad y su relación con otras economías ilegales y legales.

Además, se combatirá la corrupción asociada a la implementación de esta política.

Adicionalmente, la Política de Drogas contiene tres Ejes Tejedores que funcionan como puntos de convergencia de componentes estratégicos de los pilares “Oxigeno” y “Asfixia”. Sus prioridades son:

-Transformar narrativas estigmatizantes e implementar medidas de justicia social en favor de los grupos desproporcionalmente afectados por el narcotráfico,

-Avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca

-Liderar una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas.

Esta política buscará garantizar que los esfuerzos y los recursos del Estado y la cooperación internacional sean asignados de manera estratégica, eficaz y proporcional, atendiendo no solo las manifestaciones del narcotráfico, sino además sus causas estructurales.

Lo anterior implica comprender el fenómeno de las drogas como un asunto dinámico y complejo que no puede ser abordado con una solución única o lineal que aplique a todos los contextos, sino que debe tener una mirada territorial y sistémica.

Su diseño e implementación deben ajustarse a las realidades, capacidades y desafíos de cada caso, así como involucrar a las personas y comunidades afectadas.

Por último, la Política Nacional de Drogas parte de la premisa de que el mercado de las drogas es un fenómeno transnacional y, por tanto, en línea con el principio de responsabilidad común y compartida, todos los países deberán tomar parte en el compromiso al enfrentar los problemas asociados a este mercado, para que los mayores costos y consecuencias no recaigan sobre los países productores y de tránsito.

En el marco de la cumbre realizada en Cali, el Gobierno colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye y acompañe sus esfuerzos para poner fin definitivo a un conflicto armado de más de medio siglo, el cual ha estado profundamente ligado al fenómeno del narcotráfico.

«Como nación, requerimos de una política de drogas que permita al país vivir en paz, situando a los seres humanos y al medio ambiente en el centro de las acciones del Estado», puntualizó.

En ese marco, el Ministerio de Justicia estableció que entre los objetivos de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, incluye para 2026, la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito, lo que, afirma, se traducirá en una reducción del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.

De las 90.000 hectáreas, 69.000 se erradicarán voluntariamente, promoviendo transiciones hacia actividades legítimas; y 23.000 se eliminarán forzosamente en cultivos de alto rendimiento industrial. Esto tendrá un impacto significativo, estimado entre 55 y 86 billones de dólares en pérdidas para las finanzas ilícitas.

Esta política posibilitará que aproximadamente 50.000 familias, de las casi 115.000 que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales.

Además, se establecen otros resultados con impactos positivos desde el punto de vista ambiental:

-Reducción de 46 millones de kilogramos en las emisiones de CO2 asociados a la producción de cocaína.

-Disminución del 3% de la deforestación anual, equivalente a 3.000 hectáreas de bosque/año.

-Descenso en la contaminación por el uso de 37.640 litros de productos agroquímicos, 1.162 litros de fertilizantes y 55.342 litros de fungicidas asociados al cultivo y producción ilícita.