–La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entró a verificar si los patrones macrocriminales hallados en los subcasos regionales de los «falsos positivos» tuvieron alcance en todo el país y, en consecuencia, establecer la responsabilidad de los más altos mandos del Ejército, así como de los mandos civiles, incluida la presidencia de la República.

Así lo anunció la magistrada Catalina Díaz, correlatora del caso 3, que priorizó los «asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

La magistrada afirmó que los hallazgos de la fase inicial de investigación en Antioquia, Meta, la Costa Caribe, Casanare, Norte de Santander y Huila indican que las mismas conductas criminales, esto es, las ejecuciones extrajudiciales, se desarrollaron a nivel de todo el país, al parecer siguiendo un patrón nacional.

“Hay que ver por qué se repitió así en todo el país, eso no puede ser azar ni coincidencia. Hay que ver en los altos mandos, las cúpulas e incluso en los mandos civiles qué se hizo o qué se dejó de hacer para que eso se repitiera en todo el país”, declaró la relatora en el programa radial de la JEP «Por fin lo sabemos».

La jurista agregó que la reincidencia de este patrón en todos los territorios incluye la selección de las víctimas, el cometimiento de los crímenes y el encubrimiento de éstos, como consecuencia de la política de facto de conteo de cuerpos que existía al interior del Ejército.

«Esta política estableció el cuerpo del supuesto enemigo caído como el indicador real de la victoria militar, lo cual propició que se asesinaran civiles en estado absoluto de indefensión para acrecentar las estadísticas de éxito», precisó.

La magistrada aclaró que esta política funcionaba en el discurso oficial, las comunicaciones, la cultura organizacional de las unidades militares, pero no en documentos escritos.

«Si bien los indicadores de resultado registrados en los documentos incluían capturas, desmovilizaciones, incautaciones, entre otros; desde el discurso oficial éstos eran vistos como problemas. Los más de 700 miembros de la fuerza pública escuchados por la Jurisdicción coinciden en que el discurso oficial incluía frases como “Si usted no me trae muertos no es un buen soldado” o “Tráigame bajas, no me traiga problemas”, puntualizó.

La magistrada Díaz aseguró que “hay que llegar a quienes diseñaron, concibieron y pusieron en marcha la política”.

Sin embargo, advirtió que, por mandato, la JEP tiene competencia en este caso sobre los miembros de la fuerza pública y sobre los civiles que se acojan de manera voluntaria, «pero no sobre quiénes han ejercido la Presidencia de la República».

La jurisdicción ha establecido hasta ahora que, al menos, 6 mil 402 personas fueron víctimas del fenómeno de ‘falsos positivos’ y destacó que dentro de este caso ha realizado imputaciones en cuatro de los seis territorios priorizados en la fase inicial, incluyendo imputaciones a tres generales de la República comandantes de brigada, y alrededor de 10 coroneles comandantes de batallón.