–La decisión de la Corte Constitucional de deducir las regalías del impuesto de renta de las empresas petroleras desajusta el presupuesto del año entrante en $3 billones, y por lo tanto las alternativas son pagar regalías en especie y recortar gastos en 2024,b advirtió este viernes el Ministerio de Hacienda.

Añadió que ahora les permitirá a las empresas del sector minero y petrolero deducir el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones del impuesto de renta.

Además, la Sentencia C-489 de 2023 señala que “para efectos del impuesto sobre la renta, el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie será al costo total de producción de los recursos naturales no renovables».

Mantener esa prohibición, como estaba originalmente, le hubiera permitido al Gobierno del Cambio recaudar alrededor de $10 billones entre 2023 y 2026, pero ahora la decisión obligará al Ejecutivo a buscar otras alternativas frente al desajuste del presupuesto para 2024, puntualizó la cartera de las finanzas.

Tras conocerse la decisión de la Corte, el presidente Gustavo Petro dijo en su red social de X: “Le toca al Ministro de Hacienda, después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público».

En otro trino, el jefe de Estado afirmó que con el fallo “se les regala» impuestos a las grandes empresas extractivas:

“¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalías?

1. Que se considera que la regalía es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña del subsuelo.

2. Se les regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible».

El primer mandatario aseguró, además, que la decisión de la Corte “es una verdadera expropiación de un bien nacional».

“Mi deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas, es decir lo que significa las regalías. Las regalías no son un costo del empresario de petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano», dijo el presidente Petro.

Agregó que cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el Estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo.

“Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad».

Y concluyó su trino afirmando: “Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo. Un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir, y un debilitamiento del estado para hacer la transición energética».

Adicionalmente, el jefe del Estado advirtió que «la consecuencia directa de la decisión de la corte constitucional que acatamos, es: o dejamos crecer el déficit como Duque, vía endeudar más el país. Camino que no es el nuestro; o se recorta el gasto en el presupuesto del año entrante que implica sacrificios sociales.

Y concluyó: El fallo quita el dinero de colegios y hospitales que ya estaban aprobados por el Congreso y lo pasa directamente a las utilidades de las multinacionales dueñas de contratos de carbón y petróleo.

El ministro Bonilla dijo que desde el Gobierno “lamentamos mucho la decisión», y sostuvo que “es una interpretación de la Corte»:

“En términos reales, los recursos minero-energéticos están en el subsuelo que pertenece al Estado colombiano, que lo que hace es entregar a un particular la posibilidad de explotarlos, y el particular le paga al Estado con las regalías. Por lo tanto, no forma parte de su costo de producción. Es un patrimonio que le pertenece a todo el país, pero es un tema de interpretación».

En el mismo sentido, el economista y exministro de Hacienda del actual gobierno, José Antonio Ocampo, tampoco comparte el fallo, y recordó que como jefe de la cartera presentó el proyecto de reforma tributaria ante el Congreso y defendió ante la Corte Constitucional el alcance del artículo derogado.

“Creo que la Corte se equivocó en la valoración de qué son las regalías. Las regalías no son un costo de producción y, por lo tanto, no se deben ver como eso, un costo. Las regalías son la participación de la nación en las utilidades por la explotación de los recursos naturales, que sí son del Estado. Es decir, las regalías se parecen más a un dividendo que no es deducible como costo en el impuesto de renta», explicó.

A su turno, José Roberto Acosta, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, también dijo que espera conocer el alcance de la decisión “para revisar los ajustes presupuestales con base en el impacto que generarán unas regalías que ya no se van a recibir».

El director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), Luis Carlos Reyes, también se mostró “sorprendido» aunque “respetuoso» por la decisión de la Corte Constitucional.

“Esperamos a conocer el fallo completo, pero lo que vemos es que mientras las personas naturales, en su mayoría asalariados y tenderos, se ponen la camiseta, esta decisión favorece a compañías del sector minero-energético que deberían estar haciendo aportes a la transición energética», señaló en declaraciones radiales.

Puntualizó que “es un regreso a un statu quo que había sido muy cuestionado».

Frente a los ajustes que sufrirá el presupuesto de 2024, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, explicó que ahora el Gobierno tendrá que trabajar en dos direcciones.

“Primero, identificar si podemos trasladar todo el pago de regalías a que sea en especie, de tal manera que no entren en la contabilidad de quienes explotan el recurso, dado que la discusión en la Corte siempre giró acerca del pago de regalías en dinero por parte de quienes explotan el recurso minero-energético», aseguró.

La otra posibilidad, añadió, es establecer un recorte en el presupuesto de 2024 pues el fallo lo desfinancia en cerca de $3 billones, más la retención en la fuente que se ha hecho en 2023.

“Este es un recurso de libre destinación y por tanto tendremos también la libertad de decidir en qué áreas del gasto podremos hacer el recorte», insistió el ministro.