–(Foto panorámica del municipio de Trujillo). Una nueva Alerta Temprana de Inminencia emitió este viernes la Defensoría del Pueblo en la cual advierte que las bandas criminales de «los Guatines, «nueva corporación» y otra en proceso de identificación por las autoridades, están vulnerando los derechos de las comunidades que residen en los municipios de Bolívar y Trujillo, en el noroccidente del Valle del Cauca.

“Evidenciamos que tres grupos del crimen organizado están afectando la tranquilidad, la vida e integridad de quienes habitan en Trujillo y Bolívar. Estas organizaciones ilegales están extorsionando, realizan amenazas de muerte, restricciones a la movilidad, reclutan forzosamente a niñas, niños y adolescentes, cometen homicidios y controlan el tráfico de estupefacientes”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Las acciones delictivas se han incrementado en los últimos dos meses, lo cual ha impactado los derechos de los habitantes, particularmente de campesinos y finqueros. Existe un sentimiento de zozobra y miedo, ya que es inminente un aumento en la ocurrencia de hechos delictivos de alguno de los tres grupos.

“En la Alerta solicitamos la implementación de medidas necesarias para proteger los derechos de lideresas y líderes comunitarios o comunales, quienes han sido víctimas de hostigamientos y amenazas. Los grupos delincuenciales están identificando los liderazgos para obligarlos a convocar a sus comunidades y, de esta manera, dar a conocer sus pretensiones”, señaló Carlos Camargo Assis.

La ATI determinó que se pueden desencadenar enfrentamientos entre los mismos grupos criminales, lo cual afectaría directamente a la población. Por eso, el documento defensorial solicita una intervención con enfoque de derechos humanos en Trujillo y Bolívar.

En el documento, la entidad entrega 16 recomendaciones para que el Ministerio del Interior, que tiene a cargo la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), impulse las acciones que garanticen los derechos de los habitantes de las dos poblaciones vallecaucanas.

Ayer jueves se realizó en Trujillo una sesión de la Ciprat, espacio en el que la Defensoría del Pueblo les dio a conocer a las autoridades la ATI 038 y las debidas recomendaciones.