–En pleno cese al fuego bilateral acordado en las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, dos reductos de las disidencias de las Farc continúan en un «paro armado» en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, advirtió que esta acción está vulnerando derechos fundamentales de las comunidades, por lo que hizo un vehemente llamado al Gobierno Nacional para que la fuerza pública «recupere el control territorial en Caquetá y Putumayo”.

El paro armado lo adelantan los llamados comandos bolivarianos de la frontera, grupo de la Segunda Marquetalia, estructura disidente de las Farc y cuyo máximo cabecilla es alias ‘Iván Márquez’, y el frente Carolina Ramírez del estado mayor central, también disidente de las extinta agrupación armada ilegal, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Estos reductos se están disputando el control territorial y social en varias zonas de los dos departamentos, y por este hecho impusieron una restricción a la movilidad desde el pasado 20 de enero en los ríos Orteguaza y Caquetá y áreas aledañas. La situación obligó a un cese de operaciones en el transporte de pasajeros, de carga y de cualquier tipo de tránsito fluvial, señaló Camargo Assís.

Añadió que los grupos armados están restringiendo la movilidad fluvial en los ríos Orteguaza y Caquetá y sus áreas aledañas, afectando gravemente a los habitantes de las cabeceras municipales y zonas rurales de los municipios de Solano, Milán, Solita y Curillo, también a quienes viven en Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.

Desde el pasado 20 de enero tanto familias campesinas como indígenas están enfrentadas a una grave situación humanitaria, ya que no pueden movilizarse para hacer sus actividades del día a día, ssubrayó.

“Se hace imperativo que la fuerza pública recupere el control territorial en Caquetá y Putumayo debido al paro armado que tiene afectados a los moradores de Solano, Milán, Solita y Curillo, y de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Indicó que los mandatarios locales hablan de un inminente enfrentamiento armado, con interposición de la población civil, lo que podría derivar en homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos e individuales, aparte del confinamiento que ya fue generado.

“A todas luces, estamos ante la vulneración de derechos fundamentales, como a la vida y a la integridad de las personas, a la libre movilidad, al trabajo, a la salud, a la educación, al acceso a la alimentación, entre otros. El día a día de las comunidades está paralizado. De manera que urge la superación de la grave situación humanitaria que hoy padecen las comunidades”, señaló el Defensor.

Frente a esta situación, Camargo Assís indicó que la entidad adelanta acciones defensoriales para la garantía de derechos en las regiones afectadas.

Destacó que funcionarios de la Defensoría del Pueblo participaron recientemente en un consejo extraordinario de seguridad, que había sido solicitado por su Regional Caquetá y desde allí llamaron la atención de los entes y autoridades nacionales, departamentales y locales.

En el espacio solicitaron, particularmente, la apertura de un corredor humanitario que permitiera el abastecimiento de los municipios y sus zonas rurales afectados, pues el confinamiento en el que se encuentran las comunidades campesinas e indígenas comienza a generar afectaciones a su salud.

El corredor humanitario ya fue habilitado y en este momento es acompañado por servidores públicos de la entidad garante de los derechos humanos en el país, además de otros representantes de organismos nacionales e internacionales.

“La situación de orden público, con el concurso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, debe ser conjurada lo más pronto posible para que sean restablecidos los derechos de quienes en este momento pasan afugias por cuenta del accionar indiscriminado de las disidencias de las Farc y la notable ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado”, puntualizó Camargo Assis.