–A través de panfletos distribuidos en varias poblaciones de los departamentos de Arauca y Casanare, los grupos armados ilegales están imponiendo ‘normas’ y ‘manuales de convivencia’ a la población civil, alertó este miércoles la Defensoría del Pueblo, al rechazar de manera contundente su contenido e instar a los entes competentes a establecer si son o no verídicos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dijo que es necesaria la intervención institucional en los territorios que son blanco de la circulación de ese tipo de volantes, pues subrayó, “lo que debe primar es la seguridad, la protección y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales individuales y colectivos de los habitantes de las regiones que podrían estar en riesgo por el accionar manipulador, impositivo, intimidante y violento de los actores armados al margen de la ley”.

Así mismo, hizo un llamado a las organizaciones armadas ilegales comprometidas con los procesos de paz vigentes con el Gobierno Nacional a respetar a las comunidades, a no involucrarlas en el conflicto armado, así como a mantener vigentes los principios del derecho internacional humanitario (DIH), cuyo eje central es el respeto por la vida.

“Ninguna estructura armada organizada puede estar por encima del Estado social y democrático de derecho e imponer sus ‘normas de convivencia social’ y amenazar a los moradores. Panfletos de grupos armados ilegales no pueden arrodillar a las comunidades ni al Estado”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Igualmente exhortó a las comunidades de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales a poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que represente riesgo para su vida e integridad, libre movilidad o cualquier derecho fundamental.

Camargo Assís indicó que los equipos en territorio de las Defensorías Regionales de Casanare y Arauca, luego de poner en conocimiento la situación de vulnerabilidad en la que están los pobladores por cuenta de los panfletos, han convocado y llevado a cabo reuniones con autoridades nacionales y locales, con la finalidad de que pongan en funcionamiento medidas que garanticen la protección efectiva de las personas.

La defensa de los derechos de todos los colombianos y de quienes habitan en cualquier territorio de la geografía nacional seguirá siendo prioridad para la Defensoría del Pueblo, puntualizó.