–El presidente Gustavo Petro arremetió contra la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, tras ratificar la sanción de suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán por el lio que desató con la licitación para la elaboración de pasaportes.

Luego de que Leyva Duran hizo pública la carta que envió a la procuradora en la cual le informa que se apartará de cargo acatando la decisión del Ministerio Público ordenada el 24 de enero, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de la red social X.

El mandatario comparó el caso de su canciller con lo ocurrido con Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, en el gobierno de su antecesor Iván Duque, señalada de haber sido la responsable de la perdida de 70 mil millones de pesos en la licitación adjudicada a Centros Poblados para llevar Internet a todos los colegios de las zonas rurales del país.

El jefe del Estado escribió:

«En realidad no entiendo como una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión y en cambio al ministro que se atraviesa en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones, y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos, lo suspenden.

«La procuradora creo la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende».

El caso de los 70 mil millones de pesos que cita el presidente ocurrió en 2021 cuando se conoció que la Unión Temporal – Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas con el fin de quedarse con el millonario contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTic, para conectar con Internet a poblaciones vulnerables en zonas rurales de Colombia. Los 70 mil millones fueron girados como anticipo para la ejecución del proyecto.

En junio de citado año, se denunció el incumplimiento de los compromisos contractuales de Centros Poblados, teniendo en cuenta que para el 30 de abril no se había instalado ni un solo de los puntos digitales.

Entonces, según lo reseñó Transparencia por Colombia, la Coordinación de Actuaciones Administrativas Contractuales del Ministerio convocó a una audiencia de presunto incumplimiento a la Unión Temporal y el Banco Itaú, el cual figuraba como la entidad bancaria garante de Centros Poblados. Sin embargo, durante la reunión, la apoderada del banco en ese proceso, indicó que la garantía que se presentó en el contrato no fue expedida por esa entidad bancaria (Agencia de Periodismo Investigativo, API, 2021). Es decir, la Unión Temporal habría presentado garantías falsas del Banco Itaú, que le permitieron hacerse con el contrato y acceder a un adelanto de $70.243 millones de pesos colombianos de forma irregular.

El escándalo provocó la caducidad del contrato con la Unión Temporal, la salida de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, y derivó en varias investigaciones en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que se encuentran en curso.