–En el marco de la medida cautelar adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, después de intervenir cerca de 3.800 cuerpos que fueron dispuestos de forma irregular en fosas comunes y monumentos en el Cementerio Central de Cúcuta, los expertos forenses han encontrado evidencia de que, al menos, 211 de estos cuerpos serían víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado.

El hallazgo se produjo durante la intervención de 10 de los 22 puntos identificados, donde se encontraron cuerpos en bolsas de plástico degradadas por el paso del tiempo, algunos con o sin marcación. Además, se hallaron restos óseos acumulados de manera indiscriminada en bolsas negras e hileras de cuerpos no identificados (CNI) con demarcación irregular.

La intervención judicial realizada en el Cementerio de Cúcuta se da en el marco del Plan Regional de Búsqueda de Cúcuta área metropolitana y frontera en implementación desde 2019 por parte de la UBPD y las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en 2021, para proteger zonas de interés forense, en donde se podrían hallar víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado. De ahí la necesidad de poner en marcha un Plan Integral e Interinstitucional que trazará la hoja de ruta para proteger sus derechos y los de sus familiares.

“De los 20 procesos de medida cautelar que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha ordenado, el escenario más crítico a nivel nacional, por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales, es el del Cementerio Central de Cúcuta», expresó la magistrada María del Pilar Valencia, quien lidera esta investigación por parte de la JEP, mientras observaba los cuerpos que reposan sin ningún tipo de demarcación en uno de los osarios colectivos conocido como ‘Dos Cruces’.

En Norte de Santander hay reportadas más de 4.000 personas dadas por desaparecidas. Para contribuir a restituirles sus derechos vulnerados, la JEP ha adoptado medidas para protegerlos. Solo en Cúcuta, la evidencia judicial da cuenta de malas prácticas administrativas que los gobiernos locales han aplicado durante años. Esto ha puesto en alerta a la JEP y la UBPD que se han visto en la necesidad de ordenar e implementar acciones para corregir esta situación y evitar que se repita.

“En el Cementerio Central de Cúcuta hemos puesto en marcha una metodología de análisis forense in situ que ahora aplicamos en todo el país. Nos ha permitido identificar y diferenciar los cuerpos que en algún momento fueron analizados o identificados por el Instituto de Medicina Legal, de los que nunca han pasado por este proceso y podrían corresponder a personas desaparecidas por razones del conflicto armado», señaló Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y agregó: “De esta manera, estamos evitando un reproceso en los análisis forenses y, a su vez, agilizando la entrega de respuestas a las personas buscadoras».

Prácticas recurrentes como la exhumación administrativa y reubicación de cuerpos no identificados en el cementerio sin el debido protocolo y reglamentación, obstruyen y dificultan el objetivo principal de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para avanzar en la búsqueda, hallazgo, identificación y entrega digna de las personas que fueron desaparecidas en el conflicto armado.

Sólo en el Monumento San José, uno de los puntos identificados, se encontraron apilados 1.086 cuerpos en bolsas. De este total, 56 cumplen con los criterios para ser considerados posibles víctimas de desaparición. La gran mayoría son cuerpos plenamente identificados, que habían sido sepultados en otras partes del camposanto y que, tras cumplirse el tiempo de ley, fueron exhumados y reubicados por la administración del cementerio, junto a cuerpos de personas sin identificar.

“De los 20 procesos de medida cautelar que la sección ha ordenado, el peor escenario, por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales, es el del Cementerio Central de Cúcuta”, dijo la magistrada María del Pilar Valencia. pic.twitter.com/0U86Byqx6O

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 24, 2024

Además, han sido construidas nuevas bóvedas, así como digitalizado y sistematizado, parcialmente, 129 de 132 cajas con 44.898 licencias de inhumación. Además, avanzó en la marcación de los sitios de reposo de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados.

En el marco del trámite judicial, ante la JEP se radicaron denuncias en contra de antiguos administradores del cementerio. Solo la administración municipal ha dado cumplimiento a las órdenes dictadas por la Sección, al construir el muro de encerramiento que había colapsado y nuevas bóvedas, así como la digitalización y sistematización parcial de 129 de 132 cajas con 44.898 licencias de inhumación. Además, avanzó en la marcación de los sitios de reposo de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados.

En Norte de Santander hay reportadas más de 4.000 personas dadas por desaparecidas. Para contribuir a restituirles sus derechos vulnerados, la JEP ha adoptado medidas para protegerlos.

Los hallazgos superan el pronóstico inicial de la JEP y la UBPD. A los 22 puntos de interés forense se suman 18 más, encontrados en el trámite judicial. Se trata de fosas y osarios de piso con cuerpos sin identificar que fueron documentadas por los expertos forenses en terreno. A esto se suman áreas no intervenidas en el mismo cementerio que fueron usadas como osarios colectivos y que fueron captadas a partir de imágenes aéreas.

Como parte del trabajo desplegado en esta zona del país, el Sistema Integral para la Paz se prepara para realizar una jornada de atención a las víctimas de la región que buscan a sus familiares desaparecidos.

El próximo 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, se realizará la toma de muestras genéticas y testimoniales para orientar las búsquedas y otras acciones que conduzcan a la identificación de las víctimas y, con ello, a la dignificación de las familias buscadoras que depositan su confianza en el Sistema Integral para la Paz.