–En un extenso escrito en la red social X, el expresidente Alvaro Uribe Vélez habla del Eln, las Farc, de los gestores de paz, de Salvatore Mancuso, de Macaco, Jorge 40, militares, la JEP y la Ley de Punto Final y tras advertir que en varias regiones del país el Estado de Derecho está remplazado por poderes narco terroristas afirma que «el narcotráfico criollo se puede acabar por la competencia de drogas sintéticas o porque se elija a un Gobierno que restablezca la autoridad, elimine las republiquetas del crimen y reunifique la nación».

El exmandatario afirma que el mayor problema, que crecerá mientras más se demoren las soluciones, será la falta de alternativa económica a cientos de miles de personas que queden en hambruna por la exterminación del flagelo del narcotráfico.

Uribe Vélez señala que si bien el Presidente Duque no eliminó ni modificó la JEP, no es culpable de incumplimiento alguno del proceso con la Farc, espurio e inviable desde el comienzo.

Añade que el proceso fue obstaculizado por la impunidad absoluta, el costo y la indulgencia con el narcotráfico y el secuestro.

«El Gobierno de entonces renunció a continuar la desmovilización de guerrilleros, así fuera uno a uno. También se echó para atrás en la extensión del Plan Colombia, motejado como de bases gringas. El país habría quedado sin narcotráfico y los cabecillas obligados a un acuerdo razonable o a esconderse en el extranjero», puntualiza.

Sobre los grupos armados ilegales y el narcotráfico, el líder de Centro Dmocrático, hace las siguientes precisiones:

-ELN: Puede haber dos problemas con el nuevo intento de paz con el ELN: la destrucción que quieran hacer al modelo democrático y el espejo de impunidad absoluta otorgada a la Farc.

-Disidencias Farc: a este proceso se oponen el pésimo precedente de renegociar con quienes desertaron del beneficio de la impunidad absoluta. Además y más grave, el poder opresor que ejercen en regiones, como también sucede con el ELN.

-La Farc: los beneficiarios del indulto innominado o disimulado, ya quieren acabar con la JEP que impusieron. Para sus delitos atroces no les sirve la sanción ilegal e irrisoria de restricción temporal de movilidad y de residencia, que, si el proceso fuera serio, se debió imponer antes de llegar al Congreso.

-La cárcel puede que no resocialice, pero la falta mínima de cárcel da mal ejemplo y estimula a delinquir.

-El Narcotráfico: en 2013 estaba cerca de acabarse. Aceptadas las exigencias de Farc creció exponencialmente. Por su causa los procesos de paz se convierten en indultos a criminales mayores en edad, que son remplazados por otros o nuevos delincuentes.

Luego, Uribe se refiere a Salvatore Mancuso y otros paramilitares.

De Mancuso señala: «Nada me aterra cuando pienso que se cambió autodefensa por asesinato y desaforo de dinero. Hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. Entonces ¡por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter!».

De otros paramilitares: Nadie discute que el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar gestores de paz que salen de la cárcel a cumplir su tarea. Los nombré del ELN, llevaban más de 20 años presos. Después protesté porque sin causa justa los revocaron. Que Mancuso sea gestor de paz para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz. Pero la discriminación es inexplicable. Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia. Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado como en varias ocasiones lo hice con Mancuso. Conversé una vez con el Congresista Jorge Tovar, quien participó con mi señora en los diálogos de la Procuraduría. Es hijo de Jorge 40. Ya que dieron el paso con Mancuso no hay razón para que a estos se lo nieguen.

Sobre la JEP afirma que «forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto (la bisagra) con el Ejército para incluirlo. El abuso mínimo de la JEP es la publicidad de declaraciones de Mancuso, no corroboradas, que afectan el derecho fundamental a la honra de muchas personas. Y ahí me cuento».

Enseguida hace alusión a las Fuerzas Armadas Democráticas, nunca beneficiarias de impunidad, y subraya que «recibieron del proceso de La Habana el trato de ejércitos de matones como algunos que hubo en el Continente. Nuestros heróicos soldados fueron igualados a terroristas. La diferencia es del día a la noche. Cuando un delincuente reconoce la responsabilidad de un delito reafirma que procedió de acuerdo con su “deber ser” de la ilegalidad. Cuando un soldado acepta un delito reconoce que actuó en contra de su “deber ser” de la legalidad. También hay soldados que aceptan delitos no cometidos para evitar el riesgo de 20 años de cárcel. Y ante semejante reconocimiento ¿quién les dice que es mentira que cometieron el delito reconocido pero inexistente?»

Precisa que desde el Congreso propuso muchas veces una sala independiente en la JEP de magistrados conocedores de protocolos militares. También que por delitos cometidos por militares hasta el 2016 la pena privativa de la libertad no fuera superior a 5 años. Todo fue inútil aunque sigue la lógica», puntualiza.

Advierte que el proceso de desmovilización que promovió en su gobierno «fue para todos» y destaca que treinta y cinco mil paramilitares y diez y ocho mil guerrilleros lo aceptaron.

«Un gran artífice, Luis Carlos Restrepo, patriota ejemplar, fue expatriado», indica y añade: «No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos por delitos atroces como el reclutamiento de niños».

Y agrega: «Consideramos que guerrilla y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cualquiera su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de Derecho. Ese alegato argumental fue origen de desacuerdos con algunos magistrados de la Corte, que solamente aceptaban la sedición para la guerrilla».

Por último se refiere a la ley de punto final: «Es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros».

«Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso», concluye..