–Para el 13 de marzo Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla fijó la audiencia para notificar la decisión de libertad extraordinaria del excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso para que salga a desempeñarse como «gestor de paz», en cumplimiento del cargo que le dio el presidente Gustavo Petro.

Tras la audiencia cumplida este miércoles en la sala de Justicia y Paz de Barranquilla, en la cual la Procuraduría y la Fiscalía expusieron sus pro y contra frente a la suspensión de las 33 medidas de aseguramiento que pesan sobre Mancuso y que impiden que sea dejado en libertad, el Tribunal hizo el anunció así en la red social X, incluyendo el texto de su fallo:

Esta Sala Penal de Justicia y Paz libró boleta de detención o encarcelamiento contra Salvatore Mancuso Gómez. ???? ??. ??? ? https://t.co/i27vG6oFVO y fijó el 13 de marzo a partir de las 8:30 a.m. para notificar en audiencia la decisión de libertad extraordinaria.(1/2) pic.twitter.com/2Sx1TVQP1h

— Justicia y Paz Tribunal Superior de Barranquilla (@juspazbaq) March 6, 2024

Al abrir la diligencia judicial el magistrado advirtió que contra Mancuso se emitieron 33 medidas de captura por 34 mil 704 crímenes, los cuales especificó de la siguiente manera: 12 mil 602 casos de homicidio de personas protegidas; 2 mil 159 casos de desaparición forzada; 13 mil 909 casos de desplazamiento forzado; 813 casos de abuso o violencia sexual; 11 de reclutamiento ilícitos y 5 mil 200 crímenes de guerra.

La representante del Ministerio Público, Diana Niño, se declaró en contra del levantamiento de las medidas de aseguramiento, argumentando que su rol y funciones como gestor de paz no están claros.

«La figura de un gestor de paz se reclama sólida, convincente, por eso la Corte dijo que el Gobierno debe buscar que esta se base en el sometimiento a la justicia», precisó.

Dijo que debe haber coherencia en la designación y agregó: no funge Mancuso como representante de las extintas AUC y «las medidas judiciales suspendidas se estiman altamente costosas y deben ser sumamente argumentadas. Nunca antes la administración de justicia había asistido a una pretensión de esta naturaleza».

Mientras tanto, la fiscal del caso Magaly Álvarez señaló que no hay una solicitud clara, expresa y debidamente sustentada del Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado de Paz respecto de la suspensión de las medidas de captura que recaen sobre el ex cabecilla paramilitar.

Añadió que la resolución mediante la cual el ejecutivo designó a Mancuso gestor de paz no es vinculante ni un mandato o un imperativo para las autoridades judiciales y que debe analizarse toda la normativa incorporada, normas de rango constitucional, decretos y leyes, de manera contextualizada.

En este sentido compartió lo expuesto por la Procuraduría en el sentido de que si la resolución fuera vinculante atentaría contra el principio de separación de poderes, la autonomía e independencia judicial.

No obstante, consideró viable la designación de Mancuso como gestor de paz siempre y cuando se garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y no repetición.

Dijo que el excabecilla paramilitar no puede pasar por alto los compromisos y responsabilidades que tiene ante las víctimas de Justicia y Paz.

Además señaló que cualquier decisión que se tome se debe tener en cuenta las restricciones a la movilidad que le impuso Justicia y Paz por zonas en las cuales actuó con su grupo paramilitar.

La fiscal advirtió finalmente que recientemente el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad interpuesta en septiembre de 2023 contra la citada resolución.

Mientras tanto, Salvatore Mancuso en su intervención virtual en la audiencia, defendió su designación como «gestor de paz».

Recordó que el presidente Petro, invocando la paz y la reconciliación, respetando la independencia judicial pero envestido de las facultades constitucionales y legales y considerando según la Constitución que la paz es un derecho y el Gobierno debe garantizar la paz, le pidió «que cerremos Ralito, que facilite la desmovilización y el desarme».

Añadió que el jefe del Estado lo hizo «reconociendo la experiencia y la ascendencia que tuve sobre todos estos grupos armados los cuales tuvieron un línea de mando en la que estuve a la cabeza. A muchos paramilitares, unos 33 mil, los convencí de que se desmovilizaran aún sin tener el componente jurídico aun de Justicia y Paz», complementó.

«Le asiste razón a la procuradora en que si a mí me nombraran vocero de un grupo rearmado ilegal implicaría que yo seguí delinquiendo, pero a mí el Gobierno lo que me ha solicitado es que gestione como gestor de paz la facilitación de los diálogos que conduzcan una negociación que conlleve a la desmovilización de estos grupos», precisó.

De otro lado se refirió al compromiso que asumió ante la JEP de reparar a las víctimas de sus atrocidades

«El presidente me ha preguntado qué pasó con los bienes Justicia y Paz, y yo me pregunto lo mismo. Yo entregué varios bienes pero se los devolvieron a narcotraficantes que incluso estuvieron presos conmigo; esos bienes se desaparecieron en manos del Estado».