–En atención a la solicitud hecha por seis gobernadores del pueblo indígena Yukpa, la Fiscalía General de la Nación anunció este martes que asumió la investigación por la muerte de cinco hermanos de 15, 13, 11, 7 y 3 años, ocurrida el pasado 24 de marzo en el asentamiento Kchusweye, en la vereda El Limón, en Codazzi, departamento del Cesar.

Al efecto destacó que un equipo itinerante del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial realizó los actos urgentes y avanza en las actividades investigativas dxe rigor para establecer las causas del traágico hecho. Además, se contará con la asesoría de personas delegadas para asuntos in dígenas de la entidad y el apoyo de autoridades de las comunidades.

Preliminarmente se ha conocido que el padre de los niños regresó a su lugar de residencia, luego de asistir a un culto religioso, y encontró a tres de los menores de edad muertos y a otros dos inconscientes.

Los niños en estado de somnolencia fueron trasladados a un cenro asistencial de Codazzi, pero luego en una clinica fallecieron.

La Fiscalía indica que las diligencias de levantamiento de los cuerpos en la vivienda las hicieron representantes de la etnia Yukpa, de acuerdo con los procolos, usos, costumbres y tradiciones.

Agrega que ante la gravedad de lo sucedido, los padres de los niños solicitaron la cooperación y el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal, y autorizaron la práctica de las necropcias y otros estudios médicos complementarios.

En un comunicado, los gobernadores indigenas pidieron a la fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familar, ICBF, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades del orden nacional asumir los asuntos que por competencia les corresponde para etablecer la muerte de los cinco menores de eddad y brindar la asistencia necesaria en este caso.

Al especto, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se reunirá con delegados del pueblo Yukpa y de otras comunidades étnicas para conocer sus requerimientos sobre los delitos y hechos violentos que afectan especialmente a los niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas.