–El accionar indiscriminado de los integrantes de la columna móvil Jaime Martínez, del bloque occidental del estado mayor central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre —perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca. Mientras tanto, 65 familias de la comunidad Joaquincito, que hace parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas.

Así lo reportó la Defensoría del Pueblo, la cual indicó, además, que tiene información de que hay una tercera comunidad, del sitio conocido como Chamuscado, en proceso desplazamiento por las conductas violatorias de derechos cometidas por los alzados en armas de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023. Adicionalmente, considera urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada.

Añade que también es apremiante que a los núcleos familiares confinados y a quienes llegaron y están en proceso de arribar vía fluvial al Distrito costanero, les brinden las ayudas humanitarias de emergencia para que sus derechos fundamentales —como a la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad, al trabajo, entre otros— no continúen siendo vulnerados.

«Es necesario, así mismo y con un trabajo articulado y armonioso, evitar una crisis humanitaria derivada del confinamiento y desplazamiento masivos, hechos que a todas luces infringen el derecho internacional humanitario (DIH)», puntualiza.

La Defensoría advierte, finalmente, que las estructuras amadas ilegales no pueden seguir atacando a la población civil, por tanto, las fuerzas de seguridad del Estado deben prestar una mayor seguridad en las zonas convulsionadas por el conflicto, particularmente donde los actores armados insisten en sembrar el miedo y la zozobra a través de acciones bélicas y con el control territorial y social.