–En un informe titulado ‘Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz’, la Defensoría del Pueblo alerta sobre el inusitado crecimiento de los grupos armados ilegales o bandas criminales y hace una perfecta radiografía del dominio territorial que estos ejercen en regiones de departamentos comenzando por Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Arauca y el Catatumbo, en Norte de Santander.

Al efecto, reseña que la presencia del Eln entre 2019 y 2024 tuvo un incremento del 56%, al pasar de 149 municipios en 2019 a 232 en 2024. Se estima que, de sus cinco frentes, los que mayor crecimiento tuvieron fueron el llamado frente de guerra oriental, con accionar principal en Arauca, y el Frente de Guerra Nororiental en la subregión del
Catatumbo.

La presencia de las autodefensas gaitanistas o clan del golfo) entre 2019 y 2024 tuvo un incremento del 84%, al pasar de 213 municipios en 2019 a 392 en 2024.

Según la Defensoría esta es una de las organizaciones criminales de mayor crecimiento en el país, con un promedio de más de 10.000 integrantes, distribuidos en cinco grandes subestructuras o bloques, que hacen presencia especialmente en el Caribe colombiano, el sur de Bolívar, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca Antioqueño, Urabá, Chocó, entre otros territorios.

La presencia de facciones disidentes de las Far entre 2019 y 2024 tuvo un incremento del 141%, al pasar de 124 municipios en 2019 a 299 en 2024, incluyendo el llamado estado mayor central de alias Iván Mordisco; la Segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, y otras disidencias.

El crecimiento de las facciones disidentes de las Farc ha estado impulsado principalmente por el estado mayor conjunto, quienes tienen accionar, injerencia, tránsito o tercerización en 234 municipios y han pasado de 14 subestructuras en 2021 a 26 en la actualidad. Sus principales actividades ilegales se han registrado en el suroccidente colombiano, el oriente antioqueño
y en el sur de Bolívar.

Por su parte, la Segunda Marquetalia es una estructura que, si bien no ha tenido el mismo ritmo de crecimiento que otros grupos, se estima que cuenta con 15 subestructuras, distribuidas principalmente en el suroccidente del país.

De acuerdo con el informe defnsorial, los grupos armados presentes en el territorio, son:

-Estado mayor central – bloque Jacobo Arenas, por medio de sus frentes:

i. Frente Jaime Martínez (Valle del Cauca, Cauca, Nariño)
ii. Frente Adán Izquierdo (Valle del Cauca, Cauca)
iii. Frente Dagoberto Ramos (Valle del Cauca, Cauca)
iv. Frente Carlos Patiño (Valle del Cauca, Cauca)
v. Frente 30 Rafael Aguilera (Nariño)
vi. Frente Franco Benavides (Nariño)
vii. Columna Urías Rondón (Nariño)
viii. Columna Alan Rodríguez (Nariño)

Segunda Marquetalia (Valle del Cauca, Cauca), coordinadora guerrillera del Pacífico:

i. Frente Diomer Cortés (Cauca)
ii. Columna Móvil Freddy Ortiz (Cauca)
iii.Frente Iván Ríos (Nariño)
iv. Frente 57 (Valle del Cauca, Cauca)

-Eln: Valle del Cauca, Cauca, Nariño)
-Bandas delincuenciales: Los Flacos, La Oficina/Inmaculada, entre otros (Valle del Cauca)
-Autodefensas gaitanistas/clan del golfo) (Valle del Cauca, Cauca, Nariño)

El documento detalla también las principales fuenes de financiamiento de los grupos armados y de crimen organizado.

-Valle del Cauca: Narcotráfico, extorsión y hurtos.

-Cauca: Cultivos de uso ilícito y narcotráfico, minería, extorsión y secuestro.

-Nariño: Cultivos de uso ilícito y narcotráfico, minería, contrabando, tráfico y trata de personas, extorsión y secuestro.

El informe de la Defensoría expone también la dinámica del conflico:

El escenario de riesgo en algunas zonas se caracteriza por intenciones de expansión territorial y disputa armada, mientras que en otras áreas se manifiesta a través de la presencia y control territorial, principalmente debido al accionar de grupos del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, así como de estructuras del ELN, las AGC y grupos locales y transnacionales asociados al crimen organizado.

Las expresiones de violencia se han evidenciado con el incremento de las acciones armadas
por disputa territorial entre el denominado Estado Mayor Central y el ELN, quienes incluso han forjado nuevas alianzas en favor de esta disputa con la Segunda Marquetalia, específicamente en áreas de los departamentos de Cauca y Nariño.

Asimismo, se han identificado hechos violentos debido a la disputa territorial entre el ELN y las AGC en el municipio del Litoral de San Juan, en el sur del Chocó y en la frontera con Buenaventura, que también hace parte de la extensión del conflicto que vive el departamento del Chocó.

Finalmente, los escenarios de control territorial corresponden en primera medida al estado mayor central en el sur del Valle del Cauca y en el Cauca, a la segunda Marquetalia y a algunas estructuras del Eln en el departamento de Nariño, donde se ha evidenciado el aumento de los mecanismos de control social, como la imposición de normas y pautas de conducta, horarios, restricciones de movilidad, entre otros, que atentan contra los derechos humanos de la población civil.

Valle del Cauca

En este departamento operan estructuras que hacen parte del bloque occidental Jacobo Arenas, pertenecientes al estado mayor central. En el occidente del departamento, el frente Jaime Martínez actúa desde Santiago de Cali hasta Buenaventura. En la zona sur-centro-oriente, se destaca la presencia del autodenominado frente Adán Izquierdo, y en los límites con Miranda (Cauca), el frente Dagoberto Ramos.

Además, en la cordillera occidental y central, actúa el recientemente creado frente 57.

En el caso del Eln, su presencia está focalizada en los municipios que confluyen en el cañón de Garrapatas y hacia la cordillera Occidental.

Por otra parte, las autodefensa gaitanis se han asentado en las zonas rurales y urbanas del municipio de Bolívar, influyendo también en la zona rural de su vecino Trujillo.

Además, hay presencia de bandas delincuenciales como Los Flacos y La Oficina o Inmaculada, así como la disidencia de Los Flacos conocida como Nueva Generación.

Cauca

En este departamento, se presentan dos contextos: uno caracterizado por la criminalidad, que abarca la zona plana del departamento (Puerto Tejada, Guachené, Padilla y Villa Rica), y otro marcado por el conflicto armado, que se despliega en las áreas norte, sur, centro y oriente.

En el norte (Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Cajibío y Morales), confluyen disidencias de las FARC-EP, adscritas al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, a través del Frente Jaime Martínez y del Frente Dagoberto Ramos, así como la Segunda Marquetalia.

En el sur, se presentan enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia (Frentes Freddy Ortiz y Diomer Cortés) y el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Patía, Argelia, Balboa, Sucre, Bolívar, Almaguer, El Tambo, Timbío y Popayán).

En el oriente, el Frente Dagoberto Ramos establece un control hegemónico (Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Santander de Quilichao, Caldono, Puracé, Silvia, Totoró, Inzá, Páez.

Con incidencia en Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada, donde operan subcontratando y apoyando a las pandillas que en la actualidad actúan como bandas criminales).

En esta zona, utilizan el municipio de Toribío como centro de entrenamiento y reclutamiento de jóvenes. En el centro, confluyen el Frente Dagoberto Ramos, presente en Cajibío, y el Frente Jaime Martínez, con presencia en Piendamó.

Por su parte, se ha monitoreado presencia del ELN, específicamente del Frente José María
Becerra (Argelia), el Frente Manuel Vásquez Castaño (presencia en el Macizo Colombiano en Bolívar, Sucre, Almaguer, La Vega, San Sebastián, Mercaderes, Florencia), la Compañía Juan Carlos Chilhueso Pazú (Caldono, Jambaló y hacia Toribío, Silvia, Totoró, Inzá, Páez y Jambaló) y del Frente 57 “Yair Bermúdez”, grupo disidente que surge como adversario de las estructuras del Estado Mayor Central, inicialmente en el Valle del Cauca y con posible presencia en Caloto, Corinto, Miranda y Toribío en Cauca.

Nariño

En el departamento de Nariño, se presentan dos escenarios notables. En la costa pacífica, que incluye Sanquianga, Telembí y el Pacífico sur, se observa la acción del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Frente 30 Rafael Aguilera, Frente Franco Benavides, Frente Jaime Martínez; columnas Urías Rondón y Alan Rodríguez). Además, el estado mayor central- frente Franco Benavides desde la cordillera de Nariño (Policarpa, El Rosario, Cumbitara y Leiva) ha llevado a cabo un proceso expansivo, lo que ha generado una disputa contra el Eln por el control territorial y social en las subregiones de Abades y Guambuyaco, afectando los municipios de los Andes, La Llanada, Linares, Samaniego y Santa Cruz.

Por otro lado, el Eln (frente comuneros del sur, frente Carlos Alberto Troches y la compañía Jaime Toño Obando), con presencia histórica en Samaniego, Santacruz, La Llanada, Linares, Cumbitara, La Unión, San Pablo, la Cruz y otros municipios del Norte de Nariño, también controla la frontera colombo-ecuatoriana mediante la columna José Luis Cabrera Rúales.

Monitoreo registrado en Tuluá y Jamundí

Tuluá

El municipio de Tuluá, ubicado en el centro del Valle del Cauca, ha sido advertido en dos oportunidades por la Defensoría del Pueblo desde 2017, principalmente por el accionar de bandas delincuenciales y por una presunta incursión de la estructura Adán Izquierdo, del ahora bloque Jacobo Arenas del estado mayor central.

La Alerta temprana 028 de 2019, focalizada en este municipio, reafirmó la disputa por el control territorial y las ganancias que percibían de diversos negocios ilegales algunas bandas delincuenciales, que daban continuidad al fenómeno de violencia ya descrito en la Nota de seguimiento n.° 012 de 2016, que señalaba:

Al parecer, algunos de las organizaciones criminales ubicadas en los barrios obedecen a una estructura mayor controlada por lugartenientes que pertenecieron a Los Rastrojos en otra época. Sin embargo, entre las facciones que buscan controlar los negocios ilegales en Tuluá se generan las disputas que afectan de forma indiscriminada a los pobladores de la localidad.

Los grupos u organizaciones ilegales son señaladas genéricamente dependiendo del lugar de asentamiento: “Los de la Inmaculada”, “Los de San Francisco”, “Los de San Antonio”, Los de Santa Cruz”, “Los de Farfán” enfrentados al grupo “Los Garfios” del barrio Municipal, entre otros.

El control territorial y social lo ejercen estos grupos mediante el uso sistemático de la violencia física o psicológica sobre los habitantes de los barrios, incluyendo líderes comunitarios, donde se mimetizan o ejercen incidencia.

El principal objetivo es controlar los dividendos económicos del mercado interno de estupefacientes, para lo cual establecen restricciones en sus lugares como los centros de expendio y en los barrios afectados por actividades como la extorsión, el hurto, los préstamos gota a gota y el sicariato.

Actualmente, persiste el dominio de la banda conocida como “La Inmaculada” o “La Oficina”, como se hacen llamar recientemente, y ostentan un rango de acción especialmente concentrado en las cabeceras de los municipios circunvecinos, como Andalucía, Riofrío y Trujillo.

Esta banda, debido a sus dinámicas violentas relacionadas con el narcotráfico, ha generado un contexto de criminalidad organizada que impacta tanto en zonas urbanas como rurales, y repercute en el escenario de riesgo que vive hoy el departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, en 2020 desde que se advirtió el área rural de media y alta montaña de Tuluá, con especial incidencia en los corregimientos de Barragán, Santa Lucía, Puerto Frazadas, Altaflor, La Moralia, Monteloro, San Rafael, Tochecito, Venus, Piedritas y Quebrada grande; el Resguardo Dachi Drua embera y cabildo Dachi Bedea, ambos en territorio del corregimiento Tochecito y el cabildo Misak, ubicado en el corregimiento de Barragán, por una presunta incursión de miembros de disidentes de las FARC-EP autodenominada Compañía “Adán Izquierdo” (Columna) y supone un riesgo elevado para los habitantes de dichos corregimientos y territorios colectivos, en su mayoría población campesina y en
menor medida indígenas, así como población en proceso de reincorporación a la vida civil.

Jamundí

Desde 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas para el municipio de Jamundí por diversos riesgos asociados al accionar de grupos armados organizados, específicamente del estado mayor central.

Su escenario de riesgo se concentra actualmente en los sectores de media y alta montaña del municipio, debido al reciente endurecimiento de los mecanismos de control territorial y social por parte de comisiones del frente Jaime Martínez del bloque occidental Jacobo Arenas, adscritas al mencionado estado mayor, quienes ostentan dominio y control absoluto e inclusive se extienden al corregimiento de Timba-Valle, en la zona plana y colindante con el corregimiento de Timba-Cauca.

Ante el aumento de las medidas de control territorial y su rigurosidad, la población se ha visto afectada en sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, con la posible continuidad de la materialización de conducta punibles como homicidios, retenciones ilegales, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones, hurtos, uso, utilización y reclutamiento forzado de NNA.

Asimismo, ante los costos asociados al control social y a la adquisición de material logístico y bélico, se proyecta un afianzamiento del cobro de extorsiones e incluso hurtos para financiar el accionar delictivo de los grupos armados, quienes también hurtan bienes muebles sobre los cuales exigen un monto de dinero para su devolución.

El endurecimiento de las formas de control social se ha reflejado, además, en la instalación regular de retenes imprevistos sobre diversas vías terciarias donde exigen a las personas el carné de las juntas de acción comunal (JAC) que los acredita como vecinos de la región. De no portarlo o no tenerlo, se procede a la retención –inclusive de mujeres y adolescentes-, investigación, cobro de una multa y trabajos forzados durante algunos días; en caso de no
tener el dinero, la retención se puede extender por varias semanas al igual que los trabajos impuestos.

La Defensoría recuerda que de cara a la actual coyuntura nacional las dos últimas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para esta zona, la 036 de 2023 para los municipios del nororiente-centro de Cauca (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribío, Jambaló, Caldono, Morales y Cajibío), así como Dagua y Jamundí en el departamento del Valle del Cauca y la 005 de 2024, específica para Jamundí, advirtieron la posible ocurrencia de acciones bélicas que pudieran generar efectos indiscriminados sobre la población y bienes de naturaleza civil, o que impliquen el desconocimiento de los principios de precaución y proporcionalidad en la conducción de las hostilidades del derecho internacional humanitario (DIH) en la conducción de las hostilidades, y se emitieron con el fin de prevenir la continuidad de hechos violentos a partir del accionar institucional nacional y local.

BOGOTA

La Defensoría del Pueblo señala que la capital del país es una de las ciudades más advertidas desde 2017, con un total de 8 Alertas Tempranas emitidas de manera focalizada para este territorio. Actualmente, sus 20 localidades se encuentran advertidas a través de 3 Alertas Tempranas vigentes, la AT 010 de 2021, AT 005 de 2022 y AT 004 de 2024.

El escenario de riesgo advertido se concentra principalmente en la disputa por el control, tanto social y territorial, como de la renta de las economías ilegales por parte de grupos armados ilegales, quienes, a partir de un proceso de tercerización de bandas locales, logran ampliar su accionar.

En este sentido, la Alerta Temprana 010 de 2021, advirtió el accionar e interés de los grupos armados en dos corredores de movilidad (oriental y occidental):

a. Corredor oriental: recorre los cerros orientales de Bogotá desde la localidad de Usme hasta Usaquén y conecta las dinámicas de los municipios vecinos de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó (Cundinamarca).

El control de este corredor de movilidad es importante por 3 razones relacionadas con el desarrollo de economías ilegales, donde el territorio de Bogotá se vuelve estratégico.

Primero, por el alto consumo de sustancias ilícitas de los habitantes de la ciudad que, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, deja por año rentas hasta de 15 millones de dólares; segundo lugar, por la ubicación de la ciudad, funcional como un eje articulador entre las regiones de los llanos orientales y Urabá; y, finalmente, los múltiples corredores naturales que permiten el traslado de diferentes mercancías ilegales bajo la protección que otorga la geografía de los cerros orientales de Bogotá y el Parque Nacional Natural Chingaza.

b. Corredor occidental: recorre la sabana bogotana desde el municipio de Sibaté (Cundinamarca) hasta el municipio de Chía (Cundinamarca), atravesando zonas urbanas del municipio de Soacha como las comunas La Despensa, Cazucá y San Mateo, así como por las localidades Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba de Bogotá D.C.

Este corredor conecta los nodos suroccidental y noroccidental, y vincula regiones como las provincias de Sumapaz y Soacha, y el sur del departamento del Tolima con la capital y continúa hacia el noroccidente del país (Eje Cafetero y Antioquia).

Se ha podido evidenciar el interés de las facciones disidentes de las FARC-EP en retomar el control sobre corredores históricos para el desarrollo de diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico, el transporte de tropas, víveres y armamento. De esta manera, el corredor occidental se convierte en una puerta desde y hacia la capital, otorgándole un valor geoestratégico al conectar Bogotá, mediante las provincias de Soacha y Sumapaz (Cundinamarca), con departamentos como el Meta, Tolima e incluso Caquetá, ruta anteriormente utilizada por las ex FARC-EP.

Por su parte, la AT 005 de 2022 advirtió la localidad de Sumapaz de Bogotá, 11 municipios de Cundinamarca (Granada, Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Silvania, Viotá), y un municipio de Tolima (Icononzo), por considerarse un corredor geoestratégico que articula zonas como oriente (llanos orientales), centro (Tolima) y sur (Huila), permitiendo el acceso a Bogotá por localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

Finalmente, la AT 004 de 2024 advirtió las localidades de Tunjuelito, Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, por el fenómeno de expansión de la criminalidad y disputas por el control social y territorial entre estructuras locales de delincuencia, tercerizadas presuntamente por las AGC, contra grupos asociados a la organización de crimen transnacional “Tren de Aragua”. Las organizaciones criminales se disputan los microcorredores o «líneas» de tránsito entre las diferentes localidades donde se concentra el acopio, distribución y comercialización de armas, droga, elementos robados y contrabando, igualmente son lugares en donde se evidencian fenómenos como la trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad ajena, trabajos forzados, uso y utilización de niños y niñas.

Homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos

Entre 2020 y 2024 se han registrado 13 homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Bogotá de la siguiente manera: 2 en 2020, 2 en 2021, 2 en 2022, 6 en 2023 y 1 en 2024 (con corte al 31 de marzo).

La Defensoría advierte tambien que la violencia persistente contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, junto con la limitada respuesta estatal, acentúa un panorama preocupante para el país. Las numerosas vulnerabilidades territoriales, la falta de coordinación nación-territorio y la escasez de recursos, han obstaculizado gravemente la protección efectiva de la población civil, demostrado asimismo por la Corte Constitucional, que el pasado diciembre de 2023 declaró la existencia de un Estado de cosas inconstitucional debido a la persistente y grave violación de los derechos de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, frente a la insuficiente capacidad institucional y presupuestal para protegerlos.

Afirma que para abordar esta situación, es crucial que el Estado colombiano tome medidas urgentes y contundentes que fortalezcan su capacidad de protección de los derechos humanos y garanticen la seguridad de las comunidades, incluyendo en primera medida, la respuesta a las Alertas Tempranas y a los informes de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, con las más de 5000 recomendaciones formuladas a distintas autoridades del orden nacional y
local, hoy con un muy bajo cumplimiento y con dinámicas de riesgo que tienden a agravarse en su mayoría.

Y concluye: Este análisis no busca señalamientos, sino al contrario, presentar una realidad objetiva que permita dimensionar la magnitud de la crisis que enfrentamos como país. La Defensoría del Pueblo, pone a disposición su diagnóstico actualizado, para que, uniendo las capacidades, experiencia y funciones de las instituciones, se puedan encontrar soluciones efectivas y apropiadas que vayan más allá del discurso y pongan en marcha planes de acción concretos que superen y mitiguen los escenarios riesgo acá expuestos.