–Un llamado a reconocer todo el daño generado y a ponerse al día con la reparación, hizo la Procuraduría General de la Nación a los integrantes de la Fuerza Pública procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JPEO, por el subcaso Costa Caribe, por las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como «falsos positivos».

“Muy generoso es el acuerdo en entregarles la libertad personal. Hagan el mejor uso de ella poniéndose al día con todas sus fuerzas, sus competencias, y saberes en favor de quienes no tenían por qué sufrir esas agresiones”, advirtió el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, en desarrollo de la audiencia de observaciones de víctimas sobre versiones de los agentes del Estado en el subcaso 03.

Acosta explicó que no es posible pensar en estructuras desarticuladas para los responsables por acción u omisión en los batallones, brigadas y divisiones, con sus roles tácticos, operativos y estratégicos.

“Hay una responsabilidad por mando y por ejecución, porque existen obligaciones de no agresión, de no permisión, de no promoción de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Hay deberes de cuidado, de control, de diligencia, de humanidad, que ninguno está relevado de cumplir. Es muy grave distorsionar las funciones de cuidado que constitucionalmente obligan a las Fuerzas Armadas”, añadió el Delegado.

También hizo un llamado para agilizar los procesos que se adelantan en la JEP en favor de las víctimas, “todo cuanto hagamos agresores, sociedad e instituciones para entregarles respuestas efectivas no es un favor, es un imperativo. Ni el restablecimiento del buen nombre de las víctimas, ni la recuperación de sus cuerpos da espera porque día a día las fosas se transforman y los cuerpos se degradan”.

Finalmente, el representante del Ministerio Público reiteró a la JEP las peticiones señaladas en su escrito de observaciones sobre este subcaso, en relación con completar y retomar las versiones que aún están pendientes, practicar las pruebas documentales solicitadas, que apuntan a fortalecer las evidencias que comprometen a todos los militares y terceros responsables y compulsar copias a cuanto antes a otros órganos judiciales para que la impunidad no irradie otros tantos responsables, servidores públicos y terceros.