–La Procuraduría General de la Nación reveló los impactantes estragos causados por la minería ilegal en Colombia haciendo un enérgico llamado para que se adopten las medidas necesarias para frenar la acción criminal. Considera esencial fortalecer las acciones preventivas y correctivas que permitan mitigar el impacto de estas actividades ilegales, garantizar la recuperación de los territorios afectados y proteger a las comunidades que sufren las consecuencias de este fenómeno.

En su informe, el organismo de control reseña que en los últimos diez años se ha reportado la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, afectando especialmente a Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, más del 50 % de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad.

Detalla que, la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos socioambientales en Colombia, provocando, además, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.

Así mismo, puntualiza en que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación por mercurio y la deforestación.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, con el apoyo de la Organización Pure Earth y la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se realizaron siete campañas de muestras, que evidenciaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varios departamentos, cuyos resultados se incluyen en el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia.

Para el Ministerio Público la situación es aún más grave considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población.

Advierte que el mercurio es uno de los elementos más tóxicos para la salud humana y el medio ambiente. Su uso extendido en actividades como la minería aurífera en Colombia, ha provocado graves consecuencias tanto para los ecosistemas como para las comunidades que viven cerca de las zonas contaminadas y personas vinculadas directamente a la actividad
extractiva con el uso de este elemento.

Igualmente resalta que tras la prohibición del uso del mercurio en la minería en Colombia, el uso del cianuro ha tomado mayor protagonismo, especialmente en las actividades de minería informal e ilegal. Este compuesto, altamente tóxico, es utilizado en la extracción de oro debido a su capacidad para separar el oro de otros metales a través del proceso de lixiviación, en el que se disuelve en agua y “lava” la roca molida, liberando el oro en su forma más pura. Aunque a diferencia del mercurio, el cianuro no es bioacumulable y tiene una menor persistencia en el medio ambiente, su alta toxicidad genera un riesgo considerable para la salud humana y el medio ambiente.

De acuerdo con la información expuesta por la Corporación Autónoma Regional de Nariño en la mesa territorial que se llevó a cabo en Pasto, la minería informal e ilegal ha reemplazado en gran medida el cianuro por el mercurio, convirtiendo a Nariño en uno de los Departamentos más afectados por el uso descontrolado de cianuro.

La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios destaca que, a pesar de los avances alcanzados, queda mucho por hacer, entendiendo que la protección de recursos naturales y la preservación de un ambiente sano para las futuras generaciones requiere la colaboración de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y el sector privado.

El informe reseña la numerosa población que vive de la minería en Colombia y señala que a partir de los resultados de las mesas territoriales, se evidenció la necesidad de que el Ministerio de Minas y Energía fomente la creación y fortalecimiento de mecanismos organizativos para los mineros, tales como cooperativas u otras asociaciones, que faciliten la adopción de mejores prácticas ambientales, la eliminación del uso de mercurio, el avance en los procesos de formalización, la bancarización, entre otros beneficios. La organización colectiva proporciona a los mineros el apoyo necesario para cumplir con los requisitos legales y técnicos, lo que resulta difícil de alcanzar individualmente.

Pide fortalecer la implementación de tecnologías limpias en la minería artesanal y de pequeña escala. Indica que es esencial contar con una estrategia articulada entre diversas entidades clave y que el Ministerio de Minas y Energía, en colaboración con la Agencia Nacional de Minería (ANM), debe liderar programas de incentivos que promuevan el uso de tecnologías no contaminantes, especialmente aquellas que eliminen la dependencia del mercurio en el proceso de extracción de oro.

La Procuraduría General de la Nación recomienda la creación de una entidad de comercialización centralizada de oro, dirigida especialmente a los pequeños mineros, mineros tradicionales y aquellos en proceso de legalización, con el fin de facilitar la venta legal del oro, asegurar la trazabilidad y transparencia de su origen, y eliminar las barreras que
actualmente enfrentan en el mercado. Esta entidad, inspirada en modelos exitosos como la Federación Nacional de Cafeteros, permitiría establecer una ventanilla única para la compra de oro, a través de la cual se aseguraría un proceso formal, accesible y confiable para los pequeños productores, puntualiza.

También considera urgente implementar medidas para proteger a las comunidades indígenas, los niños y las poblaciones rurales vulnerables de los efectos nocivos del mercurio. Para lograr esto, se deben fortalecer los programas de salud pública liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social y las secretarías de salud departamentales, garantizando el acceso a diagnósticos, monitoreo continuo y tratamientos específicos para quienes ya han sido afectados por la exposición al mercurio. «Es fundamental que estas intervenciones incluyan protocolos de atención adaptados a las necesidades de las comunidades indígenas y rurales, con un enfoque diferencial y respetuoso de su contexto cultural», afirma.