–Por no reconocer responsabilidad por ‘falsos positivos’, a pesar de las pruebas en su contra, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, remitió el proceso del general retirado del Ejército Mario Montoya a la La Unidad de Investigación y Acusación, UIA.

Montoya se negó reiteradamente» a reconocer responsabilidad por su contribución dolosa al surgimiento y consolidación del patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño, cuando se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional», según la JEP.

«Por este resultado operacional se presionó a comandantes y tropas a lo largo de toda la cadena de mando y se midió, comparó y calificó el rendimiento de los miembros de las distintas unidades», añadió.

La decisión de pasar el proceso a la UIA fue adoptada en el marco del Subcaso Antioquia, del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

“La evidencia del proceso indica que Montoya es penalmente responsable de los crímenes, pues como autor, puso en marcha en la jurisdicción de la IV Brigada, una política de facto de conteo de cuerpos que privilegiaba las “muertes en combate” como único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimaba las capturas como un resultado indeseado y problemático”, notificó la magistrada Catalina Díaz en la audiencia.

Montoya Uribe es uno de los nueve comparecientes de la fuerza pública imputados en esta investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El magistrado Óscar Parra Vera explicó que “la evidencia documentada indica que el alto oficial generó un ambiente de competencia entre sus miembros, en todos los niveles de la jerarquía, por ser el primero en el ranking de presentación de ‘muertos en combate’”.

Agregó que esta política también se caracterizó por las felicitaciones constantes ante el reporte de muertes en combate, mientras se reprochaba verbalmente y con anotaciones en los folios de vida la ausencia de este reporte.

La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Antioquia del Caso03, explicó que “la UIA deberá decidir si acusa al general (r) ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz, donde se llevaría a cabo un juicio adversarial”.

En caso de ser condenado, el general se podría enfrentar a una pena privativa de la libertad de hasta 20 años de cárcel.

La UIA, que actúa como la fiscalía de la JEP, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial.

La JEP ha imputado crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño.

El tribunal de Justicia y Paz señaló que los «falsos positivos» en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época (2002-2003).

En la Brigada IV la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar “muertes en combate» como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército.

La presión por “muertes en combate» fue ejercida por el comandante de la Brigada, el general (r) Mario Montoya Uribe y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales.

La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada (2002-2003) a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros», “chorros», “ríos», “barriles», o “carrotancados» de sangre fue una orden recurrente.

El 30 de agosto de 2023, «por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate», emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados», la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe.

La imputación se dio en el marco del Subcaso Antioquia I, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002, 2003, 2004 y 2006 en Antioquia, y algunos hechos ilustrativos del 2007, así como la presunta responsabilidad del general Montoya en otros hechos de ejecuciones extrajudiciales mientras fue Comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército Nacional.