SAE y Supervigilancia continúan acciones administrativas contra empresas de vigilancia que carnetizaban a cabecillas de bandas criminales
–La Sociedad de Activos Especiales, SAE y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad anunciaron que conjuntamente adelantan acciones administrativas contra empresas de vigilancia que resultaron involucradas en la expedición de diplomas y carnés a cabecillas e integrantes de bandas criminales mediante los cuales podían portar armas.
Como es de público conocimiento, el desarrollo de operativos llevados a cabo entre el 24 y el 27 de febrero en Bogotá, Neiva, Ibagué, Puerto Triunfo y Villavicencio se produjo la captura de 3 personas naturales, representantes legales de empresas de vigilancia, que hacían parte de un entramado que utilizaba a las empresas como fachada para realizar acciones delictivas.
En la acción judicial se incautaron, con fines de extinción del derecho de dominio, de 8 inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos y se decomisaron más de 100 armas de fuego.
La maniobra fraudulenta que les permitía a cabecillas e integrantes de estructuras criminales portar armas de fuego con salvoconductos y evadir los controles de las autoridades quedó al descubierto, gracias al trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nacional resaltó que las evidencias y elementos materiales probatorios establecieron que algunas empresas de seguridad privada, al parecer, carnetizaban como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades delictivas, y mediante contratos fraudulentos les alquilaban armas y otros elementos con aval de los entes de control.
Por estos hechos, tres de los representantes legales de las compañías que estarían involucradas en este engaño fueron capturados en diligencias realizadas en Bogotá y Barranquilla (Atlántico). Los detenidos son el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; y Jorge Oswaldo Castaño Galindo. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito. Los cargos no fueron aceptados.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con @PoliciaColombia, detectó una maniobra fraudulenta en la que empresas de seguridad carnetizaban como escoltas a cabecillas e integrantes de estructuras criminales, y les autorizaban el porte de armas de fuego. Los… pic.twitter.com/qzfDoQ0aYJ
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 3, 2025
En el curso de la investigación se acreditó que el coronel (r) Ruiz Pulido, a través de su empresa de seguridad, habría simulado con documentación falsa el pago mensual por alquiler de armas de fuego, y carnetizado como escolta a Edgar Elicio Munévar, alias El Caballista, quien haría parte de una red que movía estupefacientes en vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y es señalado de participar en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba.
De igual manera, con la misma modalidad, el capitán (r) Urrego Chitiva y su compañía presuntamente avalaron el uso de armas de fuego a Jesús Martín Bello, quien también estaría vinculado a la fuga de ‘Matamba’; y a Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, cabecilla del grupo delincuencial ‘La Oficina’, que tiene injerencia en Medellín, Envigado y otros municipios del Valle de Aburrá (Antioquia).
Por último, la empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio Isaza Ramírez, alias Terror, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, que recientemente murió en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia).
Por parte de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se materializaron las medidas cautelares sobre los bienes, cumpliendo el proceso en el marco de la legalidad y garantizando, mediante la administración de estos bienes, que el patrimonio afectado por el crimen organizado sea aprovechado para el beneficio del país.
“La SAE reafirma su compromiso con la administración transparente y eficiente de los bienes vinculados a actividades ilícitas. Estos activos serán manejados con total apego a la ley, en procura de la conservación de empleos y orientados a su eventual monetización en beneficio del Estado y la ciudadanía”, afirmó Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.
#EsNoticia La SAE en cabeza de la presidenta Amelia Pérez Parra y Supervigilancia recuperan bienes del crimen organizado.
Aseguramos la administración transparente de 8 inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos ligados a un ‘cartel de la carnetización’, garantizando… pic.twitter.com/jNbrjOjMdb
— Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) March 5, 2025
Por su parte, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya en firme la captura de las personas naturales, representantes legales, inició el proceso sancionatorio contra las personas jurídicas Seguridad Sara Ltda, Pretorian Security Ltda y Seguridad Securbel Ltda en aras de tomar las decisiones administrativas correspondientes y ejemplarizantes.
La Superintendente de Vigilancia, Yenniffer Parra Moscoso indicó que “conforme con la directriz del señor Presidente Gustavo Petro seguimos adelantando acciones contundentes que aportan significativamente a la seguridad del país”.
Añadió que este procedimiento se enmarca dentro de un esfuerzo interinstitucional por desarticular estructuras criminales que se han infiltrado en diferentes espacios de nuestra economía utilizando empresas como fachadas para actividades ilícitas.
