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Exministros y exviceministros alertan al Senado sobre las consecuencias de aprobar la Reforma a la Salud de Petro tal como llega de la Cámara de Representantes

–En carta enviada al presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, un grupo multidisciplinario, integrado por exministros y exviceministros de salud y protección social, advierte las graves consecuencias que tendrá para el país la aprobación de la Reforma a la Salud del Gobierno Nacional, tal como fue avalada por la Cámara de Representantes.

«El proyecto mantiene sin cambios los elementos fundamentales y estructurales que se presentó originalmente hace dos años ante el Congreso y que no responden a las necesidades del sistema de salud ni soluciona los retos que el mismo enfrenta», precisa.

Afirma que la plenaria de la Cámara aprobó artículos en bloque, sin mucho análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las múltiples voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes de los textos contenidos en el mencionado proyecto.

Subraya, igualmente, que «otra vez se falsea lo que debe ser un diálogo democrático, amplio y transparente como el que necesita una reforma a un sistema que protege y regula un derecho irrenunciable y fundamental como el del seguro de salud establecido en el ordenamiento constitucional».

Los exministros y exviceministros, aseguran que los pacientes y usuarios siguen sin ser el centro de atención de esta reforma; tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones.

«Con ellos y con la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil del sector salud, hemos insistido en la importancia de trabajar en una reforma de salud que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos. Una reforma sustentada en los principios constitucionales que rigen la materia, así como en la Ley Estatutaria de Salud y en los avances adquiridos en el goce efectivo de ese derecho», puntualizan.

El grupo interdisciplinario expresa preocupación por los vicios de forma y de fondo y por el contenido del proyecto de ley 312 de 2024 que pasa ahora al senado de la República para su discusión, por los siguientes aspectos:

1. Incumple mínimos constitucionales. El proyecto de ley no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su financiación. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su concepción y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva.

2. Dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad: Si se aprueba la reforma a la salud como está,
los usuarios y pacientes no tendrán clara su atención ni el responsable de sus demandas. Múltiples agentes estatales compartirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a que los usuarios y pacientes tengan que acudir a muchas instancias que no tienen claras sus nuevas responsabilidades y funciones.

3. Se arriesga la gestión financiera: Si se aprueba la reforma, la ADRES no cuenta con las capacidades para desarrollar las tareas que le están asignando. Al sistema le costó 30 años alcanzar la madurez institucional de operar el esquema actual; confiar en el desarrollo súbito y aventurado de capacidades ocasionará serias dificultades a la hora de girar los recursos y, por ende, un caos en el flujo financiero.

4. Desaparece el aseguramiento: Si se aprueba la reforma a la salud, retrocederíamos a una etapa primaria de la seguridad social en la cual el pagador único hacía insostenible e ineficiente al Seguro Social.

5. Retornamos al subsidio a la oferta: Si se aprueba la reforma a la salud, volveremos a la asignación de subsidios mediante presupuestos históricos, lo que ya demostró su inequidad, ineficiencia e ineficacia.

6. Presenta mayor riesgo de corrupción: Si se aprueba la reforma la concentración de las decisiones de ejecución de gasto en un solo actor, multiplica los riesgos de corrupción, error e inoperancia; la ejecución de recursos públicos exige controles.

7. Los trabajadores de la salud quedan en riesgo: Si se aprueba la reforma cientos de miles de trabajadores del sector salud tienen en riesgo su bienestar y condiciones laborales. Engañosamente se ha argumentado que la reforma a la salud mejorará las condiciones de empleo del talento humano en salud.

8. Carece de aval fiscal para su sostenibilidad: Si se aprueba la reforma se desconoce su financiamiento. El análisis que debe recibir el Congreso requiere hacerse a la luz del marco fiscal de mediano plazo incluyendo sus fuentes.

Los exministros y exviceministros puntualizan que mientras el proyecto de reforma parece más un distractor, el ejemplo del modelo de sistema de salud del Fondo de Salud del Magisterio, FOMAG -que el gobierno nacional indicó que sería el que implantaría para todos los colombianos y es esencialmente el mismo del proyecto de ley- no ha funcionado, como lo señala el propio superintendente de Salud».

Además, enfatizan, la operación del sistema general de salud ha degenerado en su desfinanciación estructural, intervenciones inoperantes a ocho EPS, incremento excesivo en la PQRS y en las tutelas, y cierre de múltiples servicios clínicos y médicos en el país. No se acatan los Autos ordenados por la Corte Constitucional. Existe un liderazgo errado a la cabeza del sector. La salud y la vida de los colombianos está en riesgo.

Finalmente precisan: «Estabilizar la operación del sistema y solucionar la crisis por la que atraviesa es una prioridad mayar, en la hora presente, a un proyecto que no soluciona esos problemas. Creemos que el país deberá emprender en el momento adecuado una reforma al sistema de salud, pero con un sólido sustento técnico, basada en la evidencia y con una verdadera participación social de los académicos, centros de pensamiento, expertos, profesionales de la salud, gremios y en especial, de los sujetos titulares del derecho fundamental a la salud, los usuarios y pacientes».