–La Procuraduría Delegada para la Acción Preventiva de la Función Pública hizo un requerimiento al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en relación con la ola de violencia de las últimas semanas, en la que varios miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados a manos de las organizaciones criminales contra las cuales se ordenó la suspensión de acciones militares.

El oficio enviado por el Procurador Delegado, Samuel Arrieta, observa que “las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto del mantenimiento del orden público y la convivencia pacífica”.

También observa el documento de la Procuraduría enviado al ministro de Defensa si se ha contemplado modificar o revocar el Decreto 0448 del 17 de Abril de 2025, en caso de determinarse que este genera vulnerabilidad a la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública.

El documento registra, entre otros, los diferentes hechos de violencia:

-Asesinato de dos policías en Simití, Bolívar
-Asesinato de un policía en Tarazá, Antioquia
-Durante Semana Santa asesinato de seis policías: tres en Antioquia (Salgar, Chigorodó y Apartadó), uno en Cartagena y uno en Lourdes, Norte de Santander.
-Asesinato de dos miembros del Ejército en el Cauca mediante la modalidad sicarial.
-Ataques reportados el 25 de abril en Tarazá y Remedios, Antioquia, contra miembros de la Policía.
-Ataque el 26 de abril a batallón de Infantería N°22 encargado de la seguridad del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, en el cual murieron seis uniformados.

Reconociendo que los soldados y policías desempeñan un papel esencial en la protección de la sociedad, resulta prioritario garantizar su vida, integridad y condiciones de servicio, reseña el documento.

En este contexto, respetuosamente se le solicita remitir un informe detallado que contenga la siguiente información:

1 Informe oficial sobre los hechos mencionados en medios de comunicación con el denominado plan pistola describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

2 ¿Qué criterios técnicos, juridicos e institucionales prevé implementar el gobierno nacional para fortalecer la protección de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en zonas de alta afectación de orden público?

3 ¿Qué medidas se han adoptado frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, relativas a riesgos para la fuerza pública en el contexto de los decretos de cese al fuego?

4 ¿Qué parámetros se establecerán para la toma de decisiones en materia de investigación criminal frente a los hechos violentos perpetrados contra los uniformados?

5 ¿Qué procedimientos o mecanismos de análisis de riesgo han implementado el Ejército Nacional y la Policía Nacional para identificar niveles de amenaza y adoptar medidas preventivas orientadas a salvaguardar la vida de sus integrantes?

6 Que estrategias de coordinación interinstitucionales se han puesto en marcha para mejorar la protección de los uniformados en zonas rurales o de especial vulnerabilidad?

7 ¿Se ha contemplado la posibilidad de modificar o revoca el decreto 0448 del 17 de abril de 2025 en caso de determinarse que el mismo genera vulnerabilidad a la seguridad de los miembros de la fuerza pública?.

Finalmente, el escrito señala que la información le debe ser remitida en los próximos tresa días.