–En su cuenta en X, el exministro de Defensa y embajador designado en la Santa Sede, Iván Velásquez Gómez, respondió así a la orden de captura que emitió la Fiscalía de Guatemala en contra suya y de la actual Fiscal colombiana Luz Adriana Camargo:

«Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EE.UU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio».

Además, Velásquez Gómez, reproduce una nota que escribió el pasado 16 de abril sobre el caso de Guatemala:

El 16 de abril del 2015, hoy hace exactamente 10 años, empezó en Guatemala un período floreciente de lucha contra la impunidad. La población, de la mano de la CICIG y de la FECI, conoció entonces el tamaño de la corrupción y de la cooptación del Estado.

Luego vendría la reacción de los sectores más retardatarios del país y empezó una feroz persecución liderada por una fiscal general que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó como corrupta estableciendo sanciones en su contra y en contra de su instrumento, un fiscal de poca monta pero de gran perversidad. También fueron sancionados por la Unión Europea. Esas medidas continúan vigentes.

La persecución desatada por los señalados corruptos lanzó al exilio a decenas de jueces, fiscales, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras figuras democráticas del país, quienes el próximo año podrán regresar a su tierra una vez concluya el reino de la oscuridad judicial y Guatemala retome el camino de la verdad y la justicia.
Como escribió Julia Esquivel: “Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala!”

Además, Velásquez incluye la siguiente nota de Carolina Restrepo Cañavera, Abogada Javeriana -Business Management and Negotiation, Harvard – Taxes

Lo que Guatemala está intentando con la solicitud de circular roja de Interpol contra la Fiscal General de Colombia y el actual embajador ante el Vaticano es mucho más grave de lo que parece. No es un tema menor ni un simple episodio diplomático. Es un ataque directo a los principios básicos de justicia internacional. Y les explico por qué.

El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos ha documentado de manera oficial, en sus informes de derechos humanos de 2023 y 2024, que el Ministerio Público de Guatemala está hoy cooptado y que se ha convertido en una herramienta para perseguir a fiscales, jueces, periodistas y defensores que lucharon contra la corrupción.

Esto no es retórica. En 2023, Estados Unidos incluyó a la actual Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, en la Lista Engel de “actores corruptos y antidemocráticos”, señalándola expresamente por obstrucción de la justicia y por utilizar la Fiscalía para proteger redes de corrupción y criminalizar a quienes las combatieron.

En este contexto, la solicitud de circular roja contra dos funcionarios colombianos, por actuaciones relacionadas con el caso Odebrecht, no es otra cosa que una maniobra política de venganza transnacional. Forma parte del patrón que hoy mantiene exiliados o judicializados a fiscales y jueces guatemaltecos que tocaron esas redes de poder.

Que la Fiscal General y el embajador de Colombia sean cercanos al actual gobierno Petro es un hecho. Y que uno pueda tener legítimas críticas sobre su designación o su gestión, también. Pero aquí el tema es otro, y mucho más serio: el precedente que se pretende sentar es peligrosísimo.

Si se permite que un aparato judicial ya condenado por corrupción por el propio gobierno de Estados Unidos utilice Interpol para perseguir a fiscales y jueces de otros países, mañana cualquier funcionario que toque intereses mafiosos en América Latina podrá ser víctima de la misma estrategia. Y eso pondría en riesgo toda la cooperación judicial internacional.

Por eso, más allá de afinidades políticas coyunturales, como Estado, Colombia tiene el deber de rechazar formalmente este abuso. Porque hoy es contra dos funcionarios del actual gobierno. Pero mañana podría ser contra cualquier fiscal, juez, diplomático o servidor público que cumpla con su deber frente a estructuras criminales de alcance transnacional.

Las instituciones se defienden cuando toca, aunque no nos gusten los jefes que las ocupan en un momento dado. Lo que Guatemala pretende con esta circular roja es un abuso político inaceptable, y Colombia debe enfrentarlo con firmeza, con derecho y con total claridad ante la comunidad internacional». Fin de la nota.

Para recordarles existen documentos donde la misma CICIG había dicho que eran no idóneas personas para ocupar cargos importantes en Guatemala y con quienes este señor trabajaría de la mano (Thelma Aldana como fiscal general).

El documento original y completo, en la propia… pic.twitter.com/UEkuqZKPpK

— Diego Sagastume Vidaurre (@dsagastumev) April 18, 2025