–El anuncio del presidente Petro de convocar la consulta popular por decreto, sin aval del Senado, es un grave riesgo a la estabilidad del sistema democrático. Se vulnera el orden constitucional y la separación de poderes, advirtieron organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento, encabezadas por Transparencia por Colombia, en una declaración conjunta, en la cual le piden al jefe del Estado reconsiderar su decisión.

Afirman los firmantes que comprometidos con la democracia, el Estado de derecho, la defensa de la Constitución, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y con cambios pertinentes que lleven al progreso social y al crecimiento económico del país, expresan su profunda preocupación ante el anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar del concepto negativo, plenamente legítimo, del Senado de la República.

Una convocatoria como la anunciada por el Gobierno Nacional vulnera abiertamente el procedimiento constitucional y legal, que establece la aprobación previa del Senado como requisito habilitante para una consulta popular de origen gubernamental, precisan.

Además, aseguran, constituye un abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 104 de la Constitución. «Desconocer el concepto negativo del Senado infringe también las leyes y quebranta un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes», puntualizan.

Recuerdan que la Constitución Política de 1991 es el marco común que organiza la convivencia democrática en Colombia y que limita el ejercicio del poder público y subrayan:

Las limitaciones legales y constitucionales al ejercicio del poder son mecanismos para proteger los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía. Las reglas constitucionales deben ser respetadas incluso y sobre todo— cuando incomodan a quienes gobiernan. Actuar por fuera de ese marco no es una señal de fortaleza ni de respeto de la voluntad ciudadana. Es una negación del Estado de Derecho y de la democracia representativa. La solidez institucional y el respeto por las reglas de juego son también, condiciones fundamentales para fomentar el crecimiento económico y proteger el bienestar.

Frente a esta situación, hacen un llamado al Gobierno Nacional a que no avance con la firma de un decreto que amenaza con quebrantar abiertamente el principio de separación de poderes y el marco constitucional y legal vigente en Colombia.

Además, exhortan a las altas Cortes particularmente a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado— a reafirmar la supremacía de la Constitución de 1991 y a proteger, con claridad y decisión, los principios que Impiden la concentración del poder y garantizan el equilibrio institucional.

Indican que para esto, deben aplicar las normas constitucionales y las leyes específicas que regulan el procedimiento para convocar consultas populares en Colombia. Y, si lo consideran oportuno, deben decretar medidas cautelares y de suspensión provisional para garantizar la estabilidad institucional de Colombia.

Igualmente, hacen un llamado al Congreso de la República a que aiga cumpliendo, con responsabilidad y plena independencia, las tareas constitucionales de discutir y decidir sobre proyectos de ley y de hacer control político al poder ejecutivo.

«Llamamos a la comunidad internacional a que observe con atención la situación actual de Colombia, y a que acompañe y actúe frente a esta. Estos hechos no deben entenderse como aislados en el mundo, sino como parte de un preocupante retroceso democrático a nivel global», anotan.

Advierten que «no estamos ante un asunto ideológico ni una controversia política pasajera», sino «de un desafío directo al orden constitucional que nos rige desde 1991. Romper las reglas de ese pacto fundamental no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos. Por el contrario, debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo, precisan.

Así mismo dicen que «en momentos como este corresponde a la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil actuar de forma responsable y vigilante. El respeto por las reglas constitucionales no es mero formalismo: es la garantía de que el poder no se ejerza sin control».

Añaden que cuando las formas de la democracia están en riesgo, están en riesgo los derechos de la ciudadanía.

Y concluyen: «Firmamos este pronunciamiento con preocupación. También, con la convicción de que todas las personas en Colombia tienen el deber de proteger las instituciones, y de que la Constitución y las leyes no pueden ser violadas si 10 que se busca son reformas verdaderamente democráticas».

Entre los firmantes figuran los dignatarios de ANIF, CERAC, EAFIT, PROANTIOQUIA, Valor Público, CEJ, CORLEDE, CREE,
Instituto de Ciencia política, FUNDACIÓN CORONA, FIP, PROBOGOTA, III\ICP, Hernán Echavarría Olózaga, TRANSPARENCIA POR COLOMBIA.

Por separado, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, señala que si se concreta el anuncio del gobierno, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado serán fundamentales para contener al poder ejecutivo, restablecer el respeto al Congreso y evitar que la Registraduría quede atrapada en controversias políticas.

Agrega que el Congreso debe reconocer su responsabilidad política ante los obstáculos que enfrentó el trámite de la reforma laboral. El poder legislativo debe ser la primera instancia en ofrecer salidas institucionales para canalizar debates complejos por vías democráticas.

Además indica que esta grave situación no debe opacar los avances de la justicia en el escándalo de la UNGRD, que hoy suma imputaciones por corrupción al ex ministro Bonilla y exfuncionarios cercanos al presidente Petro, ni los fuertes cuestionamientos al presidente de Ecopetrol.

«El gobierno no puede ignorar la votación del Senado sobre la Consulta Popular. Si considera que la votación tuvo vicios, debe acudir ante el sistema judicial. Cualquier acción distinta es una extralimitación del poder con peligrosos rasgos autoritarios», concluye.