–En rueda de prensa este martes, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que la entidad no avanzará en el proceso para la consulta popular convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro para el próximo 7 de agosto hasta que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional resuelvan al menos 21 demandas de nulidad instauradas por distintos sectores del país.

Penagos advirtió que se trata de una controversia de «talla mayor», sin antecedentes en el país, por lo que también iniciará acciones administrativas para pedir conceptos de fondo al mismo Consejo de Estado, a la Agencia de Defensa del Estado, a la Procuraduría, y desde ya a las altas cortes, pidiendo además que se definan de manera ágil y rápida las demandas.

“Estamos ante un conflicto jurídico de talla mayor, una discusión de dos poderes y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos que reza la Constitución», expresó el registrador, subrayando que se trata de una controversia jurídica que «no tiene antecedente en la historia moderna de Colombia».

Además, puntualizó «organizar una consulta popular de la magnitud de la que aquí se convoca, exige una planeación muy juiciosa, que debe adelantarse con todo rigor».

Tras recordar que la Registraduría es un organismo autónomo e independiente, que no tiene superior funcional en la Constitución, enfatizó que como tal está respetando la carta política y la ley y «actuando de manera prudente, entendiendo la circunstancia tan compleja que vive hoy el país».

Agregó que no se trata, simplemente, de la convocatoria a una consulta, sino del respeto por el principio de separación de poderes. También de una controversia jurídica que puede generar dificultades jurídicas muy complejas. Aquí, lo prudente, es esperar una decisión de las altas Cortes».

«No solo está en juego la convocatoria a una consulta popular; está en juego el orden constitucional del país, el principio democrático, está en juego la democracia», anotó.

El registrador concretó las acciones administrativas que realizará la entidad:

1. Solicitará concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

2. Remitirá copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. Remitirá copia de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación.

4. Solicitará de manera respetuosa a las altas cortes se pronuncien ágil y oportunamente sobre las diferentes demandas interpuestas.

Aseguró que, en consecuencia, «lo correcto es esperar decisiones de los jueces», tras advertir que son 53 días, menos de dos meses, «un tiempo insuficiente para convocar a una consulta de este nivel» para tener una logística que permita garantizar la realización del proceso en el cual participarán 42 millones de personas.

Igualmente advirtió que para convocar esta consulta, si es que en el futuro las cortes ordenan que se lleve a cabo, la Registraduría debe construir un presupuesto, que está por los 750 mil millones de pesos.

«Es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo. Es ahí donde las cortes deberán tomar la decisión adecuada», afirmó.

«Mínimo, la Registraduría requiere tres meses, como lo determina la Constitución y la ley, tiempo suficiente para sacar adelante una consulta de este nivel de manera íntegra e impecable», puntualizó.

Penagos expuso los riesgos de tomar una decisión a la ligera, así:

1. Detrimento patrimonial de invertir cerca de 750 mil millones de pesos.

2. Discusión compleja que puede dar lugar a una ruptura del orden institucional en Colombia.

3. Inseguridad jurídica al ver cómo se enfrentan dos ramas del poder público.

«Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país», concluyó.