Todos sabemos que en Colombia vivimos lo que se puede llamar un grave estado de cosas inconstitucionales, vale decir inaplicación de la Constitución o aparente aplicación, pero distorsionada y debemos tomar conciencia de la necesidad de rescatar el Estado social de derecho.

Los habitantes de  Colombia debemos saber que somos  un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

En la realidad, en el diario vivir, sabemos que la unidad de la República se fracciona por la existencia de pequeñas “repúblicas” que pretenden ser soberanas y aplican sus propias reglas de gobierno, “repúblicas” en las  que se libran guerras a muerte ante la ausencia total de la autoridad del Estado, que la democracia, la participación ciudadana, el respeto a la dignidad humana, la garantía de trabajo con retribución digna y justa, la solidaridad entre los habitantes,  se quiebran impunemente por las inequidades y los olvidos del Gobierno que se imponen por la fuerza de las relaciones desequilibradas de nuestra sociedad.

El Art.113 de la constitución dispone que son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.  A estas ramas debemos adicionar otras reconocidas por doctrina, como la  rama electoral, la de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del pueblo.

Todas estas ramas son independientes, tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado.

Cada rama vive sus propias falencias y en este momento histórico debe reexaminar el cumplimiento de sus funciones para orientarlas con el fin de lograr los fines a los que haremos referencia en párrafo posterior.

Al Congreso de la República corresponde hacer leyes justas y garantistas de la sana convivencia y del progreso de Colombia.

El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa y debe actuar para preservar la unidad nacional. No puede convocar a la desintegración del país y menos a confrontaciones entre las diferentes comunidades humanas.

En sentido semejante deben actuar en sus jurisdicciones los gobernadores y los alcaldes.

Los jueces en general, todos los llamados a que impere la justicia, desde las altas Cortes hasta el funcionario administrativo con funciones sancionatorias de la base, deben administrar pronta y cumplida Justicia para evitar la impunidad y las decisiones abruptas de hacer justicia por mano propia.

A la Procuraduría, al Ministerio público en general, corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

A la defensoría del pueblo corresponde velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.  Es una función semejante a la de Procuraduría General.

A la Contraloría General de la República corresponde la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

 A la organización electoral corresponde la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas.

Todas las ramas del poder publico debe actuar en armonía para lograr los fines del Estado que son, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos los habitantes en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Agrego el siguiente parágrafo:  Los funcionarios deben obrar con honradez, prudencia y sabiduría y en todos sus actos, al derecho.

El logro de los fines del Estado no es responsabilidad solo de las ramas del poder público, de las autoridades; los habitantes de Colombia, todos sin excepciones tenemos los deberes de cumplir la Constitución y las leyes, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; respetar y apoyar a las autoridades democrática y  legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; propender al logro y mantenimiento de la paz; colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Si hacemos balance de nuestra realidad fácilmente encontramos que  el sagrado derecho a la vida, se viola por la cantidad de lesiones personales y asesinatos que se registran día a día,  que  la libertad y la paz se tornan en discursos retóricos,  que los órdenes político, económico y social  no son justos, que  la dignidad humana y  el derecho al trabajo  carecen de dignidad,  que el patrimonio, los bienes públicos se malgastan y muchos funcionarios aprovechan sus empleos para apropiarse de ellos, que los bienes privados no se respetan y son muchos los casos en los que se asesina para robar objetos de escaso valor y que todos, funcionarios y particulares, con frecuencia no cumplimos nuestros deberes sociales y nos quedamos solo en el espacio de exigir derechos.

Es urgente, imperativo que lideremos el rescate del Estado social de derecho, con autoridad, disciplina, orden, respeto mutuo y sinceras manifestaciones de colombianidad.

Bogotá, 12 de junio de 2025