–En un comunicado, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, desvirtuó las motivaciones del paro de los cultivadores de arroz del país, señalado que el Gobierno Nacional no ha incumplido los acuerdos y al respecto, hizo una relación de las medidas adoptadas «para proteger a las y los pequeños y medianos productores arroceros».

En el documento, la jefe de la cartera agropecuaria, hace las siguientes precisiones:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se permite informar a la opinión publica que:

• El lunes 14 de julio se llevó a cabo, en Bogotá, la Mesa Nacional de Arroz, en la que participaron productoras, productores, los gobernadores de Tolima y Casanare y representantes de Norte de Santander y Meta, delegados de entidades del Gobierno nacional, voceros de la industria y de los comercializadores.

• En este espacio, los productores presentes estuvieron de acuerdo en que el proyecto de resolución de libertad regulada al precio de arroz paddy verde, es una medida acertada por parte del Ministerio de Agricultura. Los representantes de productoras y productores de Córdoba, Tolima y Casanare concordaron con esa postura.

• La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, invitó a los gobernadores de Tolima y Casanare, a trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional para beneficio de las y los arroceros de sus departamentos.

Con respecto a los cumplimientos de los acuerdos derivados en las movilizaciones de marzo de 2025, esta cartera precisa que:

• Se generó un apoyo económico por tonelada comercializada entre el 9 de abril y el 30 de junio, con montos diferenciados: $120.000 por tonelada para pequeños productores de bajos ingresos, y $78.000 para medianos.

• A julio de 2025, el programa ha procesado más de 2.600 registros con una proyección total superior a los $15.700 millones. La implementación ha estado a cargo de la Bolsa Mercantil de Colombia, que verifica documentos, cruza información con Fedearroz y gestiona la validación de requisitos.

• Sobre el programa FAIA Arroz, se han invertido $7.000 millones en apoyo económico para la compra de fertilizantes y los productores se están inscribiendo en 23 departamentos del país, de los cuales 5 componen zonas arroceras.

• Sobre la libertad vigilada de precios, fue expedida la Resolución 085 de 2025, la cual tiene por objetivo que los actores de la cadena reporten la información de su eslabón con transparencia. Finalmente, con respecto a las compras públicas, se busca que actores como las Fuerzas Militares, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), se sumen a esta medida.

• Desde el Gobierno nacional insistimos en los mecanismos de diálogo para llegar a consensos que permitan no solo el desarrollo de un sector vital para el crecimiento del campo colombiano, sino también un gran acuerdo nacional con todos los actores sociales, políticos y productivos del país.

En otro comunicado, fechado en Ipiales (Nariño), el Ministerio de Agricultura hace relación a la coyuntura que enfrentan los sectores de la papa y el arroz en el país y subraya que desde el Gobierno nacional fueron adoptadas medidas para controlar el ingreso de productos agrícolas no transformados por la frontera con Ecuador, con el fin de contrarrestar el contrabando, la competencia desleal, las prácticas restrictivas y la ausencia de controles sanitarios, y así proteger el ingreso de las y los productores de estas cadenas y asegurar la estabilidad en el mercado.

«Cumplimos las orientaciones del presidente Gustavo Petro frente a dos cadenas fundamentales: la papa, que atraviesa una fuerte caída de precios, y el arroz. Asumimos la coordinación intersectorial e interinstitucional para defender la producción agropecuaria y la industria nacional en la frontera, frente a prácticas ilegales e irregulares que están afectando tanto el suministro de alimentos como la economía del campo colombiano», afirmó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

En ese sentido, para contrarrestar el impacto del contrabando, la evasión y el lavado de activos que afectan la producción de arroz, papa y otros productos, se implementará una estrategia de control y vigilancia fronteriza intensiva durante 30 días, liderada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el INVIMA, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el Ejército Nacional.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que, en 2024, el 94 % del arroz paddy consumido en el país provino de producción nacional. Las importaciones desde Estados Unidos cayeron un 92 % hasta abril y, en general, las importaciones desde distintos orígenes bajaron un 75 %. No obstante, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la aplicación del régimen de Salvaguardia en los términos
del artículo 50 de la Ley 101 de 1993, ante el impacto que tendrá la reducción de precios internacionales del arroz como producto del levantamiento de las restricciones de exportación que decidió India.

«Hay unos criterios y unos indicios que nos permiten evidenciar que existe un contrabando técnico y abierto que presiona a la baja los precios, y esto afecta significativamente a nuestros productores», señaló la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

Asimismo, se identificó que esta situación facilita la entrada y dispersión de plagas y enfermedades debido a la ausencia de controles sanitarios adecuados. Al respecto, Paula Cepeda, gerente general del ICA, afirmó que se han realizado, junto con los ministerios de Agricultura y Comercio, y el Invima, más de 350 visitas de vigilancia a cultivos de arroz, se reforzaron los controles en la frontera con Ecuador y se activaron medidas contra el ingreso ilegal de papa.

Además, se intensificó la vigilancia frente a enfermedades como el virus de hoja blanca y la punta morada, que afectan directamente la producción y la seguridad alimentaria.

Estas acciones se desarrollan en articulación con gremios, autoridades locales y otras entidades del Gobierno.

«Estamos caracterizando el contrabando abierto, identificando rutas fronterizas e implementando controles en vías, establecimientos abiertos al público y plazas de mercado», señaló el mayor John Rodríguez, subdirector de Investigación de la Policía Fiscal Aduanera.

Por otro lado, el Gobierno también trabaja en distintas estrategias para impulsar el desarrollo de la agroindustrialización de la papa como una estrategia clave para fortalecer la competitividad del sector, mejorar las condiciones de comercialización y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados nacionales e internacionales.

Por su parte, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, presentó las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) realizadas en los diferentes sitios de ingreso, en especial las solicitudes tramitadas a través de la oficina Paso Fronterizo de Ipiales, en relación con los productos de su competencia, particularmente el arroz. De igual manera, expuso los resultados de las actividades ejecutadas en establecimientos de producción (molinos), con el propósito de promover la mejora continua en materia sanitaria.

EI Invima reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con las autoridades de control en primera barrera (DIAN, ICA, Dirección Antinarcóticos de la Policía – DIRAN), así como con entidades y organismos del orden nacional y
territorial.

Estos anuncios se realizaron en Ipiales, Nariño, Nariño, durante una reunión de alto nivel con la participación del ICA, la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN, el Invima, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales. EI Gobierno del Cambio avanza en un trabajo articulado con todos los sectores para proteger la frontera, con el propósito de que las y los productores de papa y arroz puedan recuperar un precio justo para su trabajo.